El líder de la Unión Obrera Metalúrgica fue imputado junto a otros dirigentes de su gremio por lavado de dinero, ya que entre 1987 y 2008 se habrían cobrado 20.000 dólares correspondientes al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.

La causa se desató cuando el propio abogado de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba, fuera interceptado en 2011 en la terminal de Buquebus cuando intentaba salir del país con 800.000 dólares hacia Uruguay. El letrado confesó en ese entonces que durante 20 años se repartieron 20.000 dólares por mes, en ”prolijos sobres marrones”, que provenían del 20% de la recaudación que los afiliados metalúrgicos le pagan al Instituto de Seguros SA.

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Los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Lemos y Luis Losada del Tribunal Oral Penal Económico N°2 condenaron a Córdoba a un año y nueve meses de prisión en suspenso. Y decidieron que Antonio Caló, como el secretario de la UOM, debía ser investigado.

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