El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer la imputación de su par del fuero ordinario José María Campagnoli en los términos de la denuncia que lo acusó de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, en una causa por extorsión que involucra al empresario patagónico Lázaro Báez. Pero, además, pidió que se investigue si la participación de Campagnoli en ese expediente se hizo de manera paralela a la que se tramitaba en el fuero federal, tal como lo denunciaron los abogados del directorio de la financiera SGI, investigada por presunto lavado de dinero.

Di Lello solicitó varias medidas de prueba, entre ellas, las copias de una causa civil donde un letrado del estudio Sáenz Valiente adjuntó como prueba el borrador de un dictamen de Campagnoli, en lugar del documento original, cuyas diferencias con el auténtico fueron reveladas por Tiempo Argentino.

El fiscal también imputó al abogado Hernán Miguel Frisone, del estudio jurídico Sáenz Valiente & Asociados, que representa al multimedios, ”y a quien lo haya acompañado” en la maniobra denunciada por el lado del Grupo Clarín. El objetivo de la medida, que ya fue elevada al Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 6, es corroborar la denuncia presentada en la Justicia Federal el 12 de septiembre pasado por Jorge Chueco, abogado que instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que el financista Federico Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo.

En rigor, Di Lello impulsó la imputación en los términos del artículo 180 y para que se investigue, en base a las pruebas aportadas en la denuncia, si existió una maniobra para direccionar la pesquisa, tal como afirmó Chueco.

En la denuncia –que originalmente recaló por sorteo en el juzgado a cargo del juez Daniel Rafecas, que se excusó por haber sido denunciado por el Grupo Clarín en el marco de la causa Papel Prensa– se aseguró que Campagnoli intervino de manera ”ilegal” en el expediente en el que, según se afirmó, ”debió pervertir el objeto procesal de la causa transformando una investigación por el delito de administración infiel en una causa por extorsión”, y a Elaskar, de acusado a víctima.

Allí adjunto también la prueba que confirmaría la hipótesis de que existió una ”confabulación” a partir de un expediente que obra en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra la firma Artear, del Grupo Clarín, en el que Frisone aportó una ”copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela”. En realidad, se trató de un borrador, sin valor oficial, que no contaba con las firmas de los funcionarios judiciales ni con el membrete del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También estaban incompletas las partes dispositivas y sensibles de la investigación del fiscal, que detalló el 22 de mayo un entramado empresario que vinculaba a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas.
Según Chueco, ese documento ”fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa”, pero que, según subrayó, habría sido impulsado desde el holding con el objetivo de perjudicar en términos electorales al gobierno nacional, por su cercanía con Báez.

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MEDIDAS DE PRUEBA. Ahora, Di Lello pidió al juzgado que encabeza Rodolfo Canicoba Corral –pero que por licencia es subrogado por su par Marcelo Martínez de Giorgi– que solicite al Juzgado Civil Nº 105 la totalidad de la causa por el amparo solicitado por Levita para evitar ser mencionado periodísticamente en los medios en el contexto de esta causa por presunto lavado.
La medida ad effectum videndi et probandi –es decir, para tenerlo a la vista– apunta a confirmar cómo obtuvo el abogado del multimedios el borrador de un dictamen que no era oficial y por qué lo adjuntó como una prueba válida. A eso se suma el objetivo de verificar las diferencias entre ambos documentos.

Además –y es uno de los puntos salientes del requerimiento elevado ayer–, Di Lello pidió que le sean remitidos todos los dictámenes de Campagnoli en la causa por presunta extorsión contra Elaskar por la venta de SGI. Y solicitó asimismo una ”amplia certificación” de la causa que comanda el titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez para determinar si existió un desvío del objeto procesal original para avanzar en paralelo con una investigación que ya estaba en trámite en el fuero federal y que excedía su competencia, tal como fue denunciado por los abogados defensores, que ya intentaron varias veces apartarlo del expediente.
Otra solicitud fue que se envíe la denuncia interpuesta por el propio Campagnoli sobre la cual se basó su expediente, al día siguiente de que fuera emitido el programa Periodismo Para Todos, donde se expuso una presunta maniobra de lavado.

EXCUSA. Frisone se presentó ante la justicia días después de la publicación de Tiempo Argentino y sostuvo una insólita justificación en su descargo. En el escrito en el que designó abogados defensores aclaró que ese documento que presentó como auténtico le había sido facilitado por una periodista del diario Perfil, a través de una ”doctora” a la que no identificó. También adjuntó un correo electrónico en el que el escrito aparecía como un adjunto pero nunca se hablaba de un ”borrador” del dictamen fiscal. Por este motivo, Di Lello también requirió que se convoque a la periodista de la editorial de Jorge Fontevecchia para que brinde declaración testimonial, ante la excusa que ensayó el abogado del estudio Sáenz Valiente sobre el origen de la documentación objetada.
En diálogo con este diario, el abogado de Chueco, Juan Martín Cagni Fazzi, confirmó que atacó las ”inconsistencias” de la presentación espontánea de Frisone –que ahora es imputado– y remarcó la ”gravedad de que el borrador del dictamen de un fiscal estuviera dando vueltas por estudios jurídicos y por periodistas”. Cagni Fazzio ya había denunciado a Campagnoli en la Justicia Federal por ”abuso de autoridad”, pero incompetencia mediante ese expediente quedó dando vueltas en la justicia criminal y correccional.
PREVARICATO. El expediente ”por averiguación de delito” que acaba de ser elevado y esperará la resolución del juez es el paso preliminar a una investigación que, según fuentes judiciales, podría incluso derivar en una imputación por prevaricato, en el caso de comprobarse que existió una intención de manipular la causa por parte del funcionario judicial.
Chueco, en su denuncia, fue más allá y postuló que los abogados del Estudio Sáenz Valiente o bien remitieron el borrador que enviaron ellos mismos al fiscal Campagnoli para su firma, o directamente fueron quienes redactaron ese dictamen. ”Ambas conductas serían ilegales y demostrativas de la manipulación de la justicia por parte del Grupo Clarín”, hecho que adjudicaron a la cercanía del fiscal a través de su hermana Marcela (una dirigente de la Coalición Cívica) con Elisa Carrió, la principal denunciante de Báez. «

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audiencia en la sala v
El próximo lunes se llevará a cabo una audiencia en la Sala V de la Cámara del Crimen para comenzar a definir los planteos de incompetencia y nulidad interpuestos por los abogados defensores de los imputados contra el fiscal José María Campagnoli, en la causa que instruye la jueza María Gabriela Lanz por supuesta extorsión contra Federico Elaskar en el fuero penal ordinario. Con el argumento de que el fiscal excedió su competencia e intentó una pesquisa apuntada a acusar de lavado de dinero a Lázaro Báez y a su entorno, una materia de la justicia federal, la decisión sobre si deberá seguir en cabeza de la causa recaerá en los camaristas Gustavo Bruzzone, Mirta López González y Rodolfo Pociello Argerich. En la audiencia oral escucharán a las partes y podrán decidir el mismo día o tomarse una semana para definir la batería de recursos interpuestos contra el trámite de ese expediente.
A finales de agosto, la Cámara resolvió declarar la nulidad de una resolución de Lanz que rechazó hacer lugar a que se revise el apartamiento del fiscal, con lo que la jueza logró retener la causa, a la vez que desestimó todos los reclamos de las defensas: entre ellos, el de convocar a declarar a Elaskar. Días más tarde, la misma Sala convalidó la decisión de Campagnoli y Lanz de no convocar a declarar al financista que acusó en un programa periodístico a las actuales autoridades de SGI –conocida como ”La Rosadita”– de haberlo extorsionado para vender la firma, algo de lo que se desdijo luego en sede judicial. Si hubiera declarado en sintonía, al ser la presunta víctima del ilícito, la causa hubiera caído automáticamente.
Entre las cuestiones que se plantearán en la audiencia y que fueron incorporadas al expediente por parte de los letrados defensores aparece como novedosa la vinculación entre el fiscal Campagnoli y Elisa Carrió a través de la hermana del funcionario judicial, Marcela Campagnoli, dirigente de la Coalición Cívica en territorio bonaerense y además amiga íntima de la diputada. Los defensores postularon que esa relación habría motivado al fiscal a avanzar en una causa que no era de su competencia, con un fin electoralista de beneficiar a un sector político opositor al gobierno nacional del que forman parte su hermana y Carrió, una de las principales denunciantes de Báez. También deslizaron la responsabilidad del Grupo Clarín en la maniobra a través de la amplificación de denuncias de las que se hacía eco la fiscalía que tuvo a Campagnoli como denunciante original y principal impulsor. Además, sobre él pesan acusaciones de los defensores por enemistad manifiesta, y forum shopping. Los camaristas podrán resolver con tres escenarios por delante: la continuidad de la investigación; la incompetencia de Lanz y de Campagnoli para continuar con la investigación y la nulidad de todo lo actuado hasta el momento en base a esa irregularidad; o el apartamiento de ambos pero la validez de lo que se encuentra volcado en el expediente.
Campagnoli había defendido su accionar ante cada uno de los intentos de la defensa por apartarlo y Lanz había cerrado filas para evitar que se la declare incompetente para avanzar con el expediente, que guarda muchas similitudes con el que se tramita en el fuero federal a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan. Los abogados de la cúpula de SGI aseguraron que Campagnoli, sólo tuvo como objetivo lograr un impacto mediático, con fines proselitistas, enmarcado en una ”campaña difamatoria” encabezada por (el periodista Jorge) Lanata y Carrió, ”que cuentan con el apoyo económico del Grupo Clarín”. Una de las pruebas incorporadas es la publicación del diario Clarín del 11 de agosto, en la que apareció retratada una foto de la jornada previa a las elecciones. ”Mujeres. Elisa Carrió, ayer, con sus amigas Marcela Campagnoli y Amelia Lacerca”, rezó el epígrafe de la foto de la candidata a diputada por UNEN y de la ex concejal de Pilar por la CC.

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cronología

La denuncia: El eje de la denuncia contra Campagnoli es que el 18 de abril convirtió la causa Nº 25.502/12 de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10 en la que se investigaba a Elaskar como imputado por ”administración infiel”, en una causa por extorsión. Así, Elaskar pasó de acusado a supuesta víctima. Acumulación: Dos días antes el mismo fiscal había radicado una denuncia en base al contenido del informe periodístico, el cual dio lugar a la formación de la causa Nº 17.133/13, que fue derivada a la justicia federal por una cuestión de acumulación de las múltiples denuncias que se sucedieron tras el informe de Canal 13. Expediente: Campagnoli conformó un voluminoso expediente que incluye un supuesto entramado empresarial vinculado a Lázaro Báez de 148 firmas con supuestas operaciones irregulares.

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