El 2013 cerró con el mayor número de condenas a raíz de la complicidad civil con la dictadura militar desde el comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad. De los 515 condenados el año pasado, 16 civiles cuya complicidad o participación en crímenes fue probada en la justicia también fueron sentenciados. Apropiación de menores y supresión de identidad a hijos de desaparecidos fueron los cargos por los que recibieron duras penas, y superaron el antecedente de 2012, que totalizó en nueve condenas.

Según informó el portal de noticias judiciales Infojus, el primer civil condenado en 2013 fue Julio Cirino a seis años de prisión. El ex agente del Batallón 601 había sido sobreseído por el juez Ariel Lijo en noviembre de 2012, pero la Cámara Federal de Apelaciones –integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– revirtió esa medida y dispuso su condena. Cirino estaba vinculado al PRO, de Mauricio Macri, a través de la Fundación Pensar, el think tank del oficialismo porteño.

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En el proceso oral en el que se juzgó la apropiación de Federico Cagnola Pereyra –hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola– fue condenada Inés Graciela Lugones, ex esposa del fallecido represor Guillermo Minicucci, acusada de haber entregado un bebé nacido en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA. Junto a ella, recibió pena el matrimonio integrado por Jorge Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena.

En tanto, María Mercedes Elichalt, la esposa del ex subcomisario de la Policía Bonaerense Domingo Madrid, recibió diez años de prisión por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, hija de dos militantes montoneros secuestrados y también la primera nieta nacida en un centro clandestino que recuperó su identidad. También fue condenada la médica Silvia Marta Kirilovsky, quien firmó la partida de nacimiento falsa. Tendrá que pasar cinco años y medio en prisión.

En el juicio cuya sentencia se conoció el 3 de diciembre pasado, fueron condenados Roberto Cándido Duarte y su esposa Margarita Noemí Fernández por la apropiación de otro nieto, Gabriel Matías Cevasco. María Francisca Morillo, apropiadora de Catalina de Sanctis Ovando, y esposa del militar Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recibió 12 años de pena en el marco de la causa de Campo de Mayo. En ese proceso se probó la participación del Movimiento Familiar Cristiano que seleccionaba y asignaba los niños nacidos en cautiverio. Esa misma sentencia incluyó el castigo para Aida Blandina Dusolina Pizzoni, apropiadora de Guillermo Molfino Amarilla.

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Fue el año con mayor número de apropiadores y represores no militares sancionados desde el reinicio de los juicios
También fue condenado a 25 años, un civil torturador: Carlos Eduardo José Somoza, alias ”Gordo”. Se trata de un ex agente de Inteligencia del Ejército y uno de los más sanguinarios de El Campito, que estuvo prófugo hasta enero de 2010 y en 2012 fue fotografiado violando su prisión domiciliaria.

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En Corrientes, la justicia federal condenó en julio a seis años de cárcel a Carlos Faraldo y a Darío Ledesma, agentes civiles del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos.

n Rosario, fue condenado el abogado Pedro Rodríguez por secuestro y torturas al entonces titular del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado. Rodríguez era asesor jurídico del municipio. La nómina la completa la ex policía de Tucumán María Elena Guerra, que fue condenada a dos años por usurpación de la casa de una de las víctimas, mientras que Francisco Guillermo López Guerrero fue sentenciado por su participación como agente de inteligencia en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Una asignatura pendiente es la vinculada al rol de los empresarios, como Carlos Blaquier, que está enjuiciado.

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