Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques también solicitarán al juez Ercolini la citación de otros 17 imputados en la causa

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pedirán en los próximos días la indagatoria de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro y Martín Báez y otras 17 personas, al igual que la inhibición general de bienes en el marco de la causa Hotesur.

Según detalla el diario Clarín, en este expediente se investiga el lavado de dinero, en función del alquiler y administración del hotel Alto Calafate por el empresario K, preso en la causa de la Ruta del Dinero K.

Una vez más, la ex Presidenta podría ser indagada en una causa junto a Lázaro Báez. Los fiscales que pedirán al juez Julián Ercolini que los llame a indagatoria, reiterarán que, mientras el amigo y ex socio de la ex familia presidencial, era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (52 contratos por $ 46.000 millones).

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Paralelamente garantizaba a los ex presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros. Todo permitió a la entonces familia presidencial “aumentar notablemente su patrimonio”, dirían los fiscales según informaron fuentes oficiales.

Como delito precedente del lavado consignan la defraudación al Estado Nacional, partiendo de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, y en la que Cristina Kirchner y Báez están procesado por asociación ilícita.

Con “el amigo presidencial” y sus empresa beneficiadas con un flujo de fondos constante por los contratos viales durante el kirchnerismo, se produjo un perjuicio al erario público por tratarse de obras que en su mayoría no se concluyeron y que obtuvieron un sobreprecio promedio del 65%, agregarían.

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La hipótesis que se investiga, es que parte de ese dinero llegó a manos de los ex presidentes y sus hijos “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba -según dirigían los fiscales- poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen”.

El circuito planteado y por el cual se pide el llamado a indagatoria, inicia en la fortuna amasada por Báez (en 2003 antes de constituir Austral Construcciones tenía un patrimonio de $ 800 mil, en la actualidad el mismo supera los $ 2.547 millones), fue en parte usada por la ex familiar presidencial, para la adquisición hoteles. También, para hacer mejoras en los mismos y después entregándole la administración y explotación nuevamente a Báez.

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El empresario K administró los hoteles a través de Valle Mitre SRL y garantizó en concepto de alquiler, $ 27.592.110 desde 2009 a 2013. Todo fue diseñado, según diría la acusación, “para mantener en marcha el negocio y poder abonar los cánones locativos” a los ex Presidentes y sus hijos.

Es por ello que se señala que el dinero era “despojado de su origen ilícito” a través del un esquema de blanqueo, lo que habría generado una defraudación al Estado.

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