En el marco de la causa Hotesur, el juez Julián Ercolini decidió embargar los bienes de Florencia y Máximo Kirchner heredados del ex Presidente y también los cedidos por Cristina Kirchner en marzo de este año.
La medida incluye 16 inmuebles, un vehículo y la participación societaria en tres empresas y fue solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que, además, habían requerido el embargo sobre el único terreno fiscal que le queda a la ex mandataria, cedido a Lázaro Báez, aunque nunca se inscribió dicha titularidad.
Aparte, se dio lugar al embargo de los hoteles Alto Calafate (de Hotesur) y La aldea, propiedad de Los Sauces SA, según detalla el informe publicado en Clarín.
Con el avance de las causas judiciales y tras el embargo trabado por el juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro, y el de $ 10.000 millones que esta semana tras ser procesada por asociación ilícita en la investigación sobre la matriz de corrupción en la obra pública le dictó a Cristina Kirchner el juez Ercolini, una nueva medida alcanza esta vez al patrimonio de sus hijos.
El embargo preventivo del patrimonio de Máximo y Florencia incluye 16 inmuebles, un automóvil declarado por el contador Víctor Manzanares por $ 153.615 y de tres participaciones societarias por $ 13.723.686. Estas tres empresas (Hotesur, Los Sauces SA y CoMa SA) son investigadas en diferentes causas por la Justicia.
Esta medida preventiva es en el marco de la investigación por maniobras de “lavado de activos” en la causa Hotesur y a su vez, para saber cuál es el origen de los fondos con los que se adquirieron dichos bienes, mencionando los vínculos comerciales con Lázaro Báez, que mientras ganaba contratos viales administró hoteles de la familia Kirchner.
Los fiscales detallaron que CFK no sólo cedió la parte de la herencia que le correspondía por los bienes gananciales adquiridos por Néstor Kirchner, sino que les cedió “la totalidad de los bienes gananciales inscriptos a su nombre, sobre los cuales únicamente sus hijos deberían haber heredado el 50 %”. Significa que todo su patrimonio (dinero, acciones, inmuebles y automotores) es propiedad de sus hijos.
Conjuntamente se dio lugar al pedido del fiscal Pollicita sobre los hoteles La aldea, de Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
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