Por Adrián Murano

No hay Semana Santa sin protesta campera. Días más o menos, las patronales agropecuarias vienen llevando a cabo su ritual de quejas con precisión calendaria desde aquella revuelta chacarera del 2008. La coincidencia temporal no es casualidad: por estos días del año se prepara la cosecha gruesa de soja, el producto estrella del complejo agroexportador.

Era de esperar, entonces, que la maltrecha Mesa de Enlace que reúne a la patronales rurales llegara a la festividad pascual con el rosario de quejas y amenazas características del sector: fin de las retenciones, reforma impositiva y liberación de cupos exportables, a la cabeza de los reclamos; huelga de comercialización y sequía de liquidación de divisas, entre las advertencias. Unas y otras se vinieron replicando desde febrero, cuando se inició la secuencia de asambleas agropecuarias por distintos puntos del país. En la última semana, el show se trasladó a Tucumán, donde se reunió la flora y nata del aluvión sojero que transformó la agricultura en el noroeste argentino, con un condimento adicional: un presunto rumor de que el Gobierno estaría dispuesto a aplicar la Ley Antiterrorista para forzar la venta de granos retenidos desde la campaña 2012.

Como era de esperar, la versión –difundida por el diario El Cronista, propiedad del dipu-empresario opositor Francisco de Narváez– azuzó aún más los ánimos del cónclave, donde se llegó a proponer un cese de comercialización y un ”plan de lucha” por tiempo indeterminado. El rumor, así, cumplió con su objetivo: encolumnar a los productores con las jornadas de protesta que incentiva la dirigencia rural.

La propensión al conflicto que exhibe el sector más radical de la Mesa de Enlace –integrado en insólito tándem por la Federación Agraria y la Sociedad Rural– persigue fines sectoriales y políticos. En lo sectorial, el campo busca lo de siempre: obtener más ventajas de las que ya le otorga la generosa naturaleza argentina y maximizar la renta en tiempos de precio récord. En lo político, el núcleo duro de la conducción chacarera sueña con recrear las condiciones críticas de 2008 que derivaron en la derrota electoral del kirchnerismo en el 2009. El deseo, sin embargo, choca contra varios datos duros de la realidad. En aquella ocasión, la patronal rural logró convencer a buena parte del proletariado chacarero que le puso el cuerpo a la protesta en los piquetes ruteros. Y con una engañosa pero hábil campaña de marketing pergeñada y difundida por el Grupo Clarín, logró sensibilizar a sectores medios urbanos que acompañaron el reclamo. Nada de todo aquello podría replicarse hoy.

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Por empezar, el llamado ”campo” ya no es la amalgama de patrones y peones que operó contra la 125 sino una actividad heterogénea donde conviven, con más diferencias fácticas que coincidencias, terratenientes, pequeños productores, pooles de siembra, especuladores varios y microproyectos de agricultura familiar. Estas diferencias se perciben tanto en la desvencijada Mesa de Enlace –donde Coninagro hace rancho aparte y CRA juega a la moderación– como tranqueras adentro de las organizaciones. La interna más dura, claro está, se vive en la Federación Agraria, donde no son pocos los que cuestionan al presidente de la organización, Eduardo Buzzi. Entre los múltiples reclamos que recibe, hay uno que el verborrágico dirigente aún no pudo explicar: ¿cuándo fue que la Federación, que nació hace un siglo como reacción frente a los abusos de los terratenientes, estableció las actuales relaciones carnales que ejercita con la Sociedad Rural?

En privado, Buzzi arguye pragmatismo y despliega ventajas de la unión transitoria, como haber puesto en debate una nueva ley de arrendamientos, un viejo reclamo de los federados resistido por los ruralistas. Suena a poco si se compara con los múltiples beneficios que obtuvo la SRA pegándose a la FAA. El principal: que sean los propios ”gringos” que trabajan sus tierras a precios abusivos quienes defiendan los privilegios heredados de los terratenientes y especuladores que conducen La Rural.

Por todo esto, no fue casual que el federado Buzzi y Luis Etchevehere, titular de la SRA, se alternaran en los estrados desde donde se agitó el conflicto. En el verano, durante una de esas asambleas, Buzzi fue víctima de su verba inflamada y reveló la estrategia: ”Este año no vamos a vender granos. Vamos a secarle el mercado de dólares y veremos cómo se arreglan”. Se refería al Gobierno, claro está.

El boicot comercial, implementado en parte por los grandes productores que aún poseen remanentes de la cosecha 2012, contó con la entusiasta colaboración de las grandes acopiadoras y exportadoras de cereales, verdaderos monstruos del comercio internacional capaces de desestabilizar naciones con sólo demorar un barco cargado de arroz. Con la soja, claro, no se corre ese riesgo social extremo –el principal comprador sigue siendo China, que cuenta con reservas suficientes para aguantar un lustro sin recibir un solo grano en sus puertos–, pero la liquidación de los dólares provenientes de la exportación de ese producto y sus derivados sí es clave para sostener, entre otras cosas, el modelo de flotación administrada que ejercita el modelo K. Por ese motivo, el Gobierno puso a la AFIP y a la Secretaría de Comercio como puntas de lanza de una embestida que busca convencer a exportadores y productores sobre la conveniencia de desoír el llamado de la dirigencia rural.

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La estrategia oficial combina caricias y golpes. Por un lado se amplían los cupos de exportación para trigo, maíz o girasol, y por otro se lanzan sabuesos a campo traviesa para detectar silobolsas con cosechas no declaradas. El dato que alertó a la AFIP provino del propio sector: el 27 de febrero pasado, durante una reunión con Moreno, las exportadoras le informaron que las existencias de poroto en el campo sumaban dos millones de toneladas, mientras que en los depósitos de los exportadoras subsistirían 850 mil toneladas de derivados de la soja, como harinas y aceites. En plata, el complejo agropecuario retenía, según ese informe, unos 1.400 millones de dólares.

El gesto de las exportadoras hacia el Gobierno exhibe su doble juego, favorecido por la política morenista de discutir mano a mano con los que mandan en cada sector. Es una cuestión de recursos: para el secretario de Comercio sería materialmente imposible discutir uno por uno con los miles de productores agropecuarios que hay en el país, de modo que eligió gravitar en el sector a través de las comercializadoras. Esa amabilidad, sin embargo, no implica que el Gobierno confíe en las buenas intenciones de las traders agrícolas, a quienes busca mantener a raya a través de la AFIP. Un mecanismo disciplinador son las subas y bajas en el Registro de Operadores de Granos, una especie de salvoconducto fiscal que permite a los operadores evitar mayores retenciones de IVA y Ganancias. Estar o no en esta lista puede implicar diferencias millonarias en la rentabilidad de las compañías. Otro método es la fiscalización minuto a minuto, que permite detectar intentos de evasión casi en tiempo real. Hace unos días, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, informó que por esta vía se había detectado una ”avivada” de las cerealeras: preanotar existencias para descontar impuestos. Según el jefe de los sabuesos, con esta ”picardía”, ocho empresas le habrían retaceado al fisco ingresos por 951 millones de dólares. Entre las firmas mencionadas estaban Cargill, Bunge y LDC, tres de las ”cinco hermanas” que manejan el tráfico de granos a nivel global.

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Especialistas de la AFIP sospechan que son estas mismas grandes cerealeras las que retienen el grueso de la cosecha que aún no se comercializó, y que, conocedores de la presión que se venía, el objetivo de aquella advertencia a Moreno fue derivar la ira del secretario hacia los productores. Esta hipótesis se sustenta en dos datos duros: en el ”campo” no abundan los chacareros con capacidad financiera suficiente como para encarar una nueva campaña sin vender la cosecha anterior. Y este año casi no quedó maceta sin sembrar –se espera una cosecha de 50 millones de toneladas–, lo que indica que la gran mayoría de los productores se tuvieron que hacer de recursos para comprar los insumos necesarios para esta campaña. ”O sea: las grandes cerealeras compraron, hicieron acopio, y ahora hacen lobby para imponer una devaluación”, resumió un sabueso con décadas de experiencia en el rubro.

No hace falta ser muy sagaz para corroborar que la insólita corrida cambiaria en el mercado ilegal estuvo motorizada por intereses afines al campo. El Grupo Clarín –cuyos accionistas participan de agronegocios y que organiza Expoagro junto a La Nación– intenta desde hace tiempo naturalizar la presunta cotización del ”dólar blue” como si se tratara del precio real de la divisa verde. El objetivo de esta operación –que tuvo su punto cúlmine a mediados de este mes– es generar ruido cambiario, ampliar la brecha entre el dólar oficial y el ilegal, y obligar al Banco Central a acelerar el deslizamiento de la cotización oficial para mejorar, al fin, los ingresos de los agroexportadoras. La angustia frente a la histeria verde y la escalada injustificada de precios artificialmente dolarizados que afectan al ciudadano de a pie son daños colaterales de la guerra que el medio y sus aliados chacareros libran contra el Gobierno.

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