Gils Carbó en la lona: una contradicción en sus declaraciones muestra una irregularidad

La procuradora general de la Nación se involucró en las gestiones para la adquisición de nuevas oficinas para la Procuración

Una contradicción en sus declaraciones podría complicar aún más a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa por la compra de un inmueble.

Según un informe que presentó Luis Majul en su programa La cornisa, Gils Carbó se involucró en las gestiones para la adquisición de nuevas oficinas para la Procuración. Concretamente, la irregularidad se produjo cuando Juan Carlos Thill -hermano del ex segundo de Gils Carbó, Guillermo Bellingi- cobró una comisión de $ 3 millones por la compra del edificio donde funciona la Procuración, en Perón 667.

La funcionaria había declarado que se había enterado de estas irregularidades de la compra de la propiedad por medio de la prensa y que Bellingi -que fue apartado de su cargo- fue “un empleado infiel”.

Sin embargo, de acuerdo con una declaración espontánea realizada el año pasado frente al juez Sebastián Casanello por una causa en la que se la acusaba de haber encubierto a Lázaro Báez , Gils Carbó admitió su participación en la compra del edificio.

“Dichos llamados tuvieron que ver con la solicitud de una ampliación presupuestaria de $ 40.000.000 a efectos de adquirir inmuebles para esta procuración.”

La jefa de los fiscales aclara, con esta declaración, una serie de conversaciones que mantuvo en abril de 2013 con Carlos Liuzzi, subsecretario legal y técnico de la Presidencia.

“Para la adquisición de inmuebles para el futuro funcionamiento de fiscalías de temáticas dependientes de este ministerio público (…) se hicieron numerosas gestiones ante los órganos políticos del Estado nacional”, sigue el escrito.

Luego, Gils Carbó explica que el 13 de mayo de 2013 -el inmueble fue adquirido unos meses después- dispuso la modificación de los créditos asignados inicialmente y finalmente se otorgó el dinero mediante un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo.

Finalmente, la procuradora definió su trabajo en ese caso como una gestoría: “En síntesis, mi labor se centró en realizar las gestiones tendientes al otorgamiento de dichos créditos”.

Con estos términos, Gils Carbó admite que sí estuvo involucrada en el proceso de compra, o al menos de gestión, del inmueble.

De todas maneras, cabe aclarar que la funcionaria negó puntualmente conocer la jugosa comisión que cobró el hermano de su empleado.

Incluso, el mes pasado, la procuradora presentó un informe ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en donde se informaba que se estaba llevando adelante un sumario interno en el Ministerio Público por “tráfico de información privilegiada”.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por las irregularidades de la compra de inmuebles para la Procuración, tomará lo expuesto ayer en el programa de Majul y evaluará incluirlo en la causa que lleva el juez Julián Ercolini.

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