Gils Carbó acusada de otra operación inmobiliaria sospechosa

Es por un edificio en Corrientes al 1600. Por un semestre de 2015, la Procuración pagó $ 6,5 millones. Sin ocuparlo, luego lo dejó

El expediente es oficial. Tiene un nombre de razón indescifrable para quienes no son expertos en las nomenclaturas de la burocracia: “A 9005/2015”.

Pero dice bien grande en su primera página de dónde proviene: “Ministerio Público. Procuración General de la Nación”.

Y su “Asunto” se comprende mejor: “En relación a dos contratos de locación de inmuebles en vigencia”. Alguien agregó un escrito a mano más especifico aun: “Corrientes 1615-CABA”.

Se trata de un nuevo legajo relativo a resoluciones en el rubro inmobiliario ordenadas por la Procuradora General, Alejandra Magdalena Gils Carbó, jefa de todos los fiscales del país.

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Según detalla el diario Clarín, la funcionaria está imputada en una causa judicial en la que se la investiga por posible corrupción generada gracias a la compra del edificio en el que hoy funciona la sede central de su organismo.

El Estado pagó por ese alquiler 6.580.000 pesos, correspondientes al lapso entre julio del 2015 y enero del 2016. Pero nadie trabajó allí, jamás.

La Procuración pagó un alquiler millonario, financiado con fondos públicos, para nada. Fue una “renta fantasma”. Según la carpeta gubernamental “A 9005/2015“, la Procuradora avaló la renta de una propiedad ubicada en Corrientes 1615.

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Se confirmó la información con fuentes de la Procuración que estaban al tanto del tema. Pero también gracias al testimonio del propio dueño del inmueble.

Se llama Víctor Blanco Rodríguez, es presidente de Racing Club y empresario hotelero de relevancia: “Me postulé para la licitación del alquiler de ese edificio de Corrientes 1615, sí, es mío”, explicó Blanco Rodríguez y agregó: “Tenía dos posibilidades. Una era alquilárselo al Consejo de la Magistratura, La otra fue la que elegí y aun hoy lamento: que lo alquile la Procuración General de la Nación. Nadie lo usó, después me dieron de baja el contrato”.

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La Procuración no sólo pagó un alquiler de 940 mil pesos mensuales por un edifico que nadie usó. Además ofreció abonarle alquileres por adelantado a Blanco. Así quedó asentado en una “addenda” al contrato. Ese adelanto de rentas correspondía a los primeros meses del 2017 iba a tener un costo de 3.574.511 pesos.

Blanco niega haber cobrado esa plata. Dice que la Procuración le avisó que dejaba de alquilarle su edificio “mediante un telegrama”.

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