El gobierno adoptó una serie de medidas tendientes a reducir la salida de dólares y viene trabajando junto a las principales empresas con el fin de ampliar la inversión productiva, de modo tal que el sector privado acompañe el consumo con más oferta en lugar de incrementar los precios. Los resultados han sido dispares.
En los últimos meses, particularmente, las políticas se orientaron a cerrar todas la puertas que facilitaban la descapitalización del país. Este mal, característico de la Argentina y de buena parte de los países en vías de desarrollo, está asociado con la enorme transferencia de recursos a las naciones desarrolladas.

En un sentido amplio, la salida de capitales del circuito económico debe entenderse como la pérdida del fruto del esfuerzo colectivo que mancomuna capital, trabajo, recursos naturales y las condiciones objetivas de la política económica argentina (la existencia de un mercado, el marco jurídico, la infraestructura, etcétera).

Para comprenderlo de otra manera, si la Argentina tuviera una economía con las características del Medioevo, en lo relativo a cualificación de la mano de obra, estructura de caminos y aeropuertos o la inexistencia de mercado interno pujante y/o careciera de estabilidad macroeconómica que favoreciera la demanda de productos, las empresas y los particulares jamás podrían haber obtenido los dividendos que consiguieron para girar al exterior. En definitiva, las divisas no son el resultado de las decisiones de una empresa sino de un marco mucho más complejo que tiene como sujeto a la sociedad, su historia y un conjunto de reglas comunes. En este contexto, la fuga de capitales permite a un pequeño grupo de sujetos (tanto personas físicas como jurídicas) capitalizar un beneficio colectivo y al mismo tiempo debilita el tejido socioeconómico.

Al no ofrecer la posibilidad de que esa riqueza se multiplique dentro del sistema, el capitalista también termina fagocitando la infraestructura y la base social que garantizan la continuidad de las condiciones que permitieron a esas mismas empresas obtener las utilidades que giran al exterior.

Una de las bases del sistema capitalista, supuestamente, es la reproducción de la riqueza. Sin embargo, es el Estado quien debe arbitrar las medidas necesarias para que esta riqueza tenga una razón de ser social en lugar de transformarse en el botín de unos pocos, como se ha naturalizado en los modelos neoliberales.

LEÉR MÁS  Jueces y los abogados con más poder

Los economistas ortodoxos dirán que los impuestos cumplen esta tarea de compensación social por parte de las empresas. En realidad, esta es una verdad a medias porque la cobranza de los tributos no computa el capital social y se hace efectiva en pesos, mientras que los beneficios de las empresas fugan dólares, en un contexto marcado por la fuerte escasez de divisas.

Aunque la inversión inicial muchas veces ingresa al país en dólares, la reproducción misma de la riqueza se hace bajo las características que se establecen en el mercado local, con las condiciones propias de la Argentina (moneda local, jurisdicción nacional, sudor e inteligencia local, etcétera).

En este marco se explican mejor la política de administración del comercio exterior que le permitirán a la Argentina obtener este año un excedente de su balanza comercial de unos U$S 14 mil millones gracias a decisiones que priorizan el ingreso de productos importados, garantes de la reproducción de la riqueza (insumos básicos, maquinaria y bienes de capital que no se producen en la Argentina) y a su vez limitan la entrada de bienes suntuarios y productos que ya se fabrican en el país.

Al principio, estas medidas generaron cierto malestar porque el proceso de instrumentación y adaptación despierta indefectiblemente contrapuntos entre el sector privado y el Estado que ejecuta las medidas.

Sin embargo, a medida que el circuito se aceitó, las operaciones de comercio exterior volvieron a la normalidad. Todo cambio genera resistencias y la única forma de vencerlas es perseverar en el camino.

En el último coloquio de IDEA, que tuvo lugar entre el jueves y el viernes último en Mar del Plata, más del 70% de los empresarios asistentes reconoció en una encuesta privada que las limitaciones en el ingreso de algunas mercaderías no afectó en nada a la mecánica productiva. Además, otro 20% admitió que se vio beneficiado por el proceso de sustitución de importaciones por producción local que se llevó de hecho en algunos sectores.

En este marco de políticas, también se puede incluir las restricciones que se han impuesto a la utilización de dólares para salir al exterior, decisiones que ha resultado sumamente antipática entre ciertos sectores de la franja media y media-alta, pero que han permitido un control más efectivo de la salida de capitales y redujeron el atesoramiento de dólares.

LEÉR MÁS  El desafuero como maniobra de distracción

Esta batalla cultural por la recuperación de la soberanía monetaria le ha dado al Estado una mayor experiencia en un mercado que estaba totalmente descontrolado y que se convirtió en uno de los pilares de las maniobras de evasión y/o elusión impositiva y el lavado de dinero en paraísos fiscales, que articulan los grandes conglomerados empresarios internacionales y locales, con el único objeto de apropiarse de una mayor porción de la torta. Sin embargo, el gobierno aún no termina de definir uno de los problemas estructurales de que desató el proceso de descapitalización, producto, entre otras cosas, de la fuerte extranjerización de la economía neoliberal.

En un escenario económico positivo, en el que las empresas obtuvieron fuertes ganancias, las multinacionales han girado durante la última década una enorme cantidad de divisas al exterior.

El total de rentas de la inversión (integrada fundamentalmente por los giros de utilidades e intereses) entre 2003 y el segundo trimestre de 2012 implicó una salida de capitales por U$S 80 mil millones contra U$S 57.500 millones de los ocho años anteriores. Este verdadero vaciamiento de recursos y esfuerzos, en formas de divisas, requiere políticas urgentes dirigidas con el doble propósito de reducir la descapitalización y de volcar buena parte de esos dineros a la reinversión productiva.
Los economistas Jorge Gaggero y Federico Grasso plantearon ya hace unos años una alternativa para lograr estos objetivos.

”Debería estudiarse la posibilidad de tratar de modo diferencial a las utilidades gravadas de las sociedades de capital según sean distribuidas o reinvertidas, de modo de premiar a la acumulación de capital productivo”, propusieron en un menú de reforma tributaria mucho más amplio que incluía, entre otros puntos la posibilidad de gravar la renta del sector financiero.

Dicho en otras palabras, la propuesta de Gaggero-Grasso es que las empresas puedan optar entre pagar un impuesto por liquidar sus ganancias o reinvertir buena parte de ellas para mejorar la oferta de bienes y servicios. Hasta tanto el gobierno se decida a desmantelar la compleja estructura jurídico-empresaria de los ’90 (tratados bilaterales de inversión y otras), una salida de este tipo, que incluya tanto a empresas locales como las foráneas, permitiría sortear los duros escollos que plantea la ley de inversiones menemista que favorece a las multinacionales en detrimento del Estado y de las propias empresas locales.

LEÉR MÁS  Un primo de Nestor Kirchner complicado con la justicia

Si el gobierno no avanza en temas puntuales como la descapitalización puede producirse la paradoja de que pague un alto costo electoral por indefiniciones políticas que benefician a compañías de otros países.

Por otra parte, luego de varios años de combatir la inflación a través de la búsqueda de una solución concertada con las empresas más fuertes que definen en la práctica la política de precios (supermercados y una treintenta de oligopolios afincados en distintos sectores), parece haberse agotado.

No se trata de ingresar en una discusión estéril por las estadísticas sino de profundizar con políticas la línea argumental heterodoxa que le otorga al Estado un carácter más protagónico a la hora de limitar los abusos de los sectores oligopólicos y de definir el rumbo de la inversión.

Buena parte de las empresas concentradas que manipulan los precios en el mercado local son las mismas que remiten sus ganancias al exterior y sólo dejan los restos para la reinversión.

Ese beneficio económico que obtienen es inversamente proporcional al costo político que paga el gobierno por tomar decisiones como limitar los viajes al exterior.

Es decir, que le genera al Ejecutivo un desgaste y erosiona la relación con un sector de la clase media, que curiosamente ha sido uno de los principales beneficiarios de las políticas de mejora del consumo que ha impulsado el kirchnerismo en la última década.

Por su parte, la inflación también castiga con especial dureza a los grupos sociales que aún están marginados del mercado laboral formal y de aquellos que no tienen ni ingresos fijos ni el paraguas de una paritaria.

Sin una política claramente dirigida a frenar la distorsión de precios que se genera en algunos mercados claves o en la intermediación producto de la hiperconcentración (el supermercadismo, por ejemplo) o la escasa oferta de productos y la ausencia de políticas sistemáticas para evitar la salida de capitales de la riqueza nacional, cualquier propósito de inclusión social de largo plazo parece tener limitaciones objetivas que pueden poner en peligro la propia base social que ha sustentado la continuidad política del modelo económico productivo.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here