Asimismo, calificaron las críticas contra Gils Carbó como ”una campaña de criminalización” y añadieron que ”revelan la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”.

En un comunicado, que mañana será publicado en los principales diarios nacionales, los fiscales y funcionarios judiciales señalaron hoy que la decisión de la procuradora ”cumple la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”.

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El comunicado fue firmado, entre los 80 representantes de la justicia, por los fiscales Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois.

”El resultado de la ausencia de las designaciones sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”, precisaron.

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Este colectivo judicial fundamentó su postura, al señalar que ”nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares”.

Consideran que las reacciones opositoras, constituyen ”una resistencia” al sistema acusatorio, la columna vertebral del flamante Código Procesal Penal, vigente a partir de agosto próximo y que no a todos agrada”.

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Por último, el texto añade que en ese sistema de administración de justicia ”las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad”.
Telam

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