Pero esta vez quieren marcar un record con tarifazos y nuevo endeudamiento. Son ex empleados de JP Morgan banco que pago una multa de u$s 13.000 millones2 (50% de las reservas 2015) por malas practicas hipotecarias-léase estafa a miles de personas-, 2.6 veces la multa de “Snepco” empresa del grupo Shell3 por el vertido de petróleo en Nigeria y daños al medio ambiente. Son los protagonistas de la semana de un gobierno que no tiene la menor idea de cómo alcanzar las metas comunicadas, mezcla de pura mentira y diplomacia. Los campeones de “reglas de juego claras”, además de hacer todo bajo carpeta, no tienen un programa monetario preciso para evaluar, desde “su lógica”, como han de combatir el descontrol inflacionario que dispararon, sin asistencia de Kicillof, Moreno ni la URSS.


El gobierno actual nunca modifico el presupuesto del gobierno anterior para el presente ejercicio, así que no consta que haya las reglas claras y, ellos decían que el presupuesto era “trucho”.


-¿Dejaron vigente la ley de emergencia, para seguir tomando decisiones discrecionales con el gasto público? -No lo sabemos-. Pero no se conoce un plan integral; por eso es lógico que con una simple reseña de deseos e intenciones resulte imposible disminuir la expectativa inflacionaria. La meta de reducción del déficit esta siendo cuestionada por los amigos del PRO, ni hablar de los talibanes que braman “en voz baja”, que el déficit fiscal primario será más alto que el ultimo de 2015, que aparentemente cerró con un déficit primario base caja de 4.6% del PBI, mas 1% por pagos “bicicleteados”. Entonces el déficit primario habría sido de alrededor de 5.8% del PBI-según el actual gobierno-, sumando la baja de retenciones, impuestos y suba de gastos, el déficit fiscal primario ahora lo llevaron a 7.1%. Para cumplir habría que bajar el déficit primario de 7.1% a 4.8% del PBI, lo que resulta imposible. La reducción del gasto en subsidios hasta ahora es de 0.6% del PBI, aunque falta el tarifazo del gas que promete 200%.


Para conseguir que el Congreso ratifique los DNU (nombramiento de jueces de la Corte, para que le voten las leyes que permitan cerrar el acuerdo con los fondos buitres, le darán más pesos discrecionalmente a las provincias. “Lograr gobernabilidad a través de la chequera”, esta era una acusación que se blandía cada vez que los gobiernos de Néstor y Cristina obtenían algún apoyo, si esto era así, no se les cae una idea.


Para cumplir con las “metas fiscales chamuyeras”, hoy el gasto público debería crecer 6% menos que los ingresos, un ajuste feroz del gasto, que no luce posible. Las transferencias discrecionales que tendrán que realizar para satisfacer a los gobernadores que influyen sobre diputados y senadores en las votaciones, no lo permite. Las primeras estimaciones proyectan que el déficit primario de 2016 sería un 1,5% mayor que la “meta chamuyera”, hablamos de 6.3% del PBI, y no veo a ningún defensor, poner la cara en TV. Al déficit primario hay que sumarle los intereses de la deuda pública en pesos, es decir, las necesidades financieras totales en pesos, que estarían en el orden de los $ 50.000 millones, siempre y cuando se logre refinanciar los vencimientos de la deuda pública en pesos. Entonces, sin reducción del déficit fiscal; tendremos solo sustitución de fuentes de financiamiento, aunque en una proporción menor, no es la supresión cacareada, siguen vigentes 2 de los 3 turnos dándole a la maquinita, pero además la búsqueda de colocación de deuda interna y externa es frenética. Tengamos en cuenta que si el gobierno sigue sin conseguir la anunciada “lluvia de dólares”, la colocación de deuda interna, terminaría aplastando el crédito del sector privado y la recesión se haría insoportable, antes de finalizar el primer semestre.


A esta altura, usted ya se dará cuenta que la necesidad de volver a colocar deuda en el mercado internacional para financiar al fisco requiere un vertiginoso arreglo con los fondos buitres, a cuyos tenedores de deuda con jurisdicción estadounidense, se le esta ofreciendo el pago en efectivo del 60% de la sentencia de Griesa o, el pago del 80% con bonos de entre 5 y 30 años, con una duración promedio de la cartera de 10 años y tasas de interés de entre 7% y 10% anual. El caso del pago en efectivo implicaría reconocerles el usurario 15% de intereses punitorios dispuesto por Griesa, y el pago en bonos significaría reconocer el 50%. No miro TV en defensa propia, pero mi fuente estima que el acuerdo “sale con fritas”; Pollack, le recomienda a Griesa instruir “compromiso inexcusable” a los acreedores que no lo hayan aceptado. ¡Va a estar bueno el Congreso!

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