Los ciudadanos mendocinos reclamamos permanentemente (y muchas veces con razón) más y mejores servicios al Estado provincial, ya sea en materia de transporte, en las atenciones de los hospitales y centros de salud, en la infraestructura escolar, en seguridad, etc.

Todos estos servicios básicos son responsabilidad del Estado, que debe prestarlos y prestarlos bien. Sin embargo, todos nosotros, los ciudadanos que exigimos buenos servicios, a veces olvidamos que esto se consigue con el dinero que aportamos entre todos, y que, justamente, ese dinero proviene de los impuestos, ya sean nacionales o provinciales, que cada uno de nosotros debemos pagar, como corresponde, en tiempo y forma.

Para cobrar impuestos, el Estado se vale fundamentalmente de dos herramientas: la política tributaria y la administración tributaria.

La primera es la que establece el Gobierno de la Provincia, en cuanto a la tasa que fija anualmente para sus impuestos, en los casos de Ingresos Brutos, Sellos y el avalúo para los impuestos Inmobiliario y Automotor. Justamente, desde que asumió este gobierno, no ha habido incrementos de tasas ni se han creado nuevos impuestos y se han mantenido las exenciones en Ingresos Brutos (por caso la Tasa Cero). Tampoco en Automotores hubo incrementos. Solamente existieron cambios menores en Sellos y un incremento promedio de 10% en el avalúo de las propiedades en 2009, que impactó en la misma proporción en el Impuesto Inmobiliario.

Es decir: este Gobierno priorizó la sustentabilidad de la economía, el mantenimiento del empleo y hasta el impulso de nuevos emprendimientos (a través de la Ley de Atracción del Inversiones y de Sostenimiento del Empleo). Esto indica una clara política de no incrementar la presión fiscal para las empresas ni para la población, especialmente en plena crisis financiera de 2009.

El segundo elemento, la administración tributaria, es la herramienta que maneja la Dirección General de Rentas. Este organismo, con limitados medios cuantitativos a su alcance, especialmente en lo que hace a personal, ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a la consecución de su objetivo principal, que es recaudar. Y lo ha concretado principalmente a través del esfuerzo de sus empleados. Contribuyen a ese fin, además, las campañas publicitarias, las constantes notificaciones a morosos, los seguimientos a los grandes deudores, el programa de cultura tributaria que se desarrolla desde hace años en conjunto con AFIP, la Dirección General de Escuelas y los municipios.

Recordemos que, en lo que va del año, se alcanzó un buen nivel de cumplimiento en lo que hace a la recaudación total: se superó en casi 24% lo recaudado en 2009 y se produjo un incremento neto de más de 5% por sobre lo estimado para el presupuesto 2010.

No cabe duda de que siempre será perfectible el trabajo de recaudación, pero uno de los principales problemas seguimos siendo nosotros los ciudadanos, que, repito, reclamamos mejores servicios sin tomar todavía debida conciencia de la consecuencia negativa que implica la evasión de impuestos, a la que en una buena parte contribuimos al no exigir factura por cada compra que realizamos.

Es este uno de los factores clave que se debe mejorar y que preocupa y ocupa a todas las administraciones tributarias. Si no exigimos comprobante legal de pago, seguimos siendo cómplices del comerciante, empresario, profesional o persona que no emite factura o emite comprobantes internos, remitos u otros documentos apócrifos, todos ellos no válidos a la hora de declarar los impuestos como IVA e Ingresos Brutos. De este modo, seguiremos navegando a la deriva en el comportamiento fiscal.

Cada ciudadano debe exigir la factura correspondiente siempre y en cualquier compra. Y si esto no ocurre, se debe efectuar la denuncia correspondiente, porque ese comerciante, empresario, profesional de la salud, del derecho, contable, de ingeniería, etc., o que ejerce algún oficio, por cada factura que no le hace, le está robando no al Gobierno, sino a los otros mendocinos. Porque significa una tiza menos para la escuela de nuestros hijos, menos litros de nafta para el patrullero que hace la ronda en el barrio, menos medicamentos en los centros de salud, menos insumos para los comedores escolares, menores posibilidades de incremento salarial.

No cabe duda de que el Gobierno debe mejorar cada día en su obligación de cobrar y administrar eficientemente el dinero proveniente de los impuestos. Pero también la ciudadanía tiene un rol fundamental en este proceso y debe acompañar a la administración del Estado tomando conciencia del perjuicio diario que se ocasiona al bien común cada vez que se omite la factura correspondiente.

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