Ex funcionarios menemistas Procesados

”La investigación ha permitido relevar la existencia de un sistema ilegítimo de pagos a funcionarios del Poder Ejecutivo de una determinada jerarquía, instrumentando desde la más alta esfera de dicho poder, que tuvo lugar durante los períodos en los que Carlos Menem ejerció la presidencia” sostuvo la Cámara en su fallo. Remarcó además que el ex presidente, junto al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, ”tenía a su cargo la administración de los caudales públicos involucrados en tales pagos ilegítimos”.
La Cámara Federal impuso además a Caro Figueroa un embargo de 145.802 pesos; a Jassán 150 mil pesos; a Dalesio De Viola 145 mil pesos; y a Schiaretti 304 mil pesos.
La lista de procesados incluye a Carlos Sánchez, quien entre otros cargos fue secretario de Comercio e Inversiones; a Félix Cirio, ex subsecretario de producción agropecuaria; a Jesús Leguiza, ex subsecretario de Economía; a Oscar Chialvo, ex presidente de la Comisión liquidadora del Instituto Nacional de Reaseguros; y Alejandro Mayoral, ex funcionario del Ministerio de Economía.
También fueron procesados Joaquín Cottani, ex funcionario del Ministerio de Economía; Carlos Bastos, ex secretario de Energía; Raúl García, ex presidente de Enargas; Guillermo Harteneck, entonces subsecretario de inversiones; Alfredo Aldaco, ex funcionario del Banco Nación; Liliana Gurdulich, ex secretaria del Ministerio del Interior; Alejandro Marcovic, ex subsecretario de Trabajo; y Félix Borgonovo, quien fuera secretario legal y técnico en 1993.
La Cámara también procesó a Horacio Dalmau, ex subsecretario de Ambiente; Augusto José Rodríguez Larreta, entonces vocero del ministro Oscar Camilión; a Alberto Noé Carballo, entonces Subsecretario de Ambiente; Ricardo Lagorio, subsecretario del Ministerio de Defensa; Santiago Lozano, entonces funcionario del Ministerio del Interior; Ricardo Cossio, ex director de DGI; y Jorge Pereyra de Olazábal, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa. La Cámara, para el caso integrada por Julio Lucini, María Laura Garrigós de Rébori y Mauro Divito, hizo lugar a las apelaciones del fiscal Gerardo Pollicita y de la Oficina Anticorrupción y procesó a todos los ex funcionarios por el delito de ”peculado”, el cual prevé una pena de hasta diez años de prisión. ”A esta altura del proceso, no se encuentra controvertido que los nombrados percibieron dinero proveniente de partidas presupuestarias a gastos reservados”, consideró el Tribunal.

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