Con una “valija” y un PCI (personal civil de inteligencia) en la zona del Obelisco, el ex jefe del Ejército general César Milani podía pinchar miles de celulares en una zona del tamaño del microcentro, según el testimonio del ex director General de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso. Una de las víctimas de esas “valijas” de Milani fue, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, y otra fue el líder del peronismo renovador Sergio Massa y su entorno, además de jueces y periodistas.
En su declaración testimonial del martes ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, Stiuso contó que la SIDE poseía equipos que permiten descubrir la existencia de escuchas ilegales de celulares en el espacio radioeléctrico y así “fue posible detectar la existencia de aparatos que permiten ese tipo de interceptación ilegal –conocidos como “valijas”- que funcionaban en el Edificio Libertador, sede del Ejército, y en la zona del Obelisco”.
Esas “valijas”, como se las conoce en la jerga de los servicios de inteligencia, tienen la capacidad tecnológica de crear en forma virtual una “celda” dentro de una antena de una empresa telefónica y confundir al teléfono. De esta forma, todas las conversaciones y otros datos del “objetivo” pasarán a la “valija” que, además, tiene capacidad de almacenar cientos de gigabytes de información. Luego, el operador lleva la “valija” a un centro donde analistas interpretar las conversaciones o datos tomados ilegalmente. Según Stiuso, todo se hacía por afuera de las instalaciones oficiales de la dirección de Ciberdefensa del Ejército, que dirigió Milani hasta el 2015, para no dejar huellas.
Estas “valijas” las producen empresas de países como EE.UU., Alemania e Israel y solo pueden ser compradas por estados. Cuestan entre 500 mil dólares y 20 millones de dólares según la capacidad de intercepción y almacenaje.

En su testimonial, Stiuso -que es ingeniero en comunicaciones- sugirió al juez y al fiscal que, además, se investigue a los “dos mil PCIs (personal civil de inteligencia)” que reincorporó Milani durante su gestión al frente del Ejército y con el aval de Cristina Kirchner. Estos PCIs podrían haber operado las “valijas”.
Mientras tanto, Stiuso explicó al juez que todo equipo que compró él tenía “un certificado de destino final” para que el estado vendedor sepa en qué organismo del Estado se va a guardar y no caiga eventualmente en manos de narcotraficantes o terroristas. Entonces, si hubo compra oficial tiene que estar ese certificado, a menos que se haya comprado a través de terceros países y en forma clandestina. Estas “valijas” no se producen en el país.
Por lo pronto, según fuentes de inteligencia, durante el robo de las instalaciones de dirección de un depósito de la dirección de Contraterrorismo de la AFI de marzo pasado “se robaron dos de esas valijas”. Milani hizo compras millonarias para equipos militares de Ciberdefensa en forma oficial y documentada, pero también Cristina le aumentó los fondos reservados, cuyos gastos no tiene obligación de rendir. Este aumento fue desde que Stiuso y el ex fiscal Alberto Nisman comenzaron a oponerse al pacto con Irán por la AMIA del 2013. Sobre este punto, el presidente de la comisión bicameral de seguimiento de organismos y actividades de inteligencia, el senador radical Juan Carlos Marino (UCR-Cambiemos), dijo el año pasado que de una primera auditoría se detectó que solo durante el 2014 y el 2015 “hubo gastos sin rendición de Milani por 1017 millones de pesos”.
La ruta del dinero puedo aportar más indicios para este caso complejo. El ex titular de la SIDE y aliado del PRO Miguel Angel Toma entregará como prueba al juez Bonadio las partidas presupuestarias para la jefatura II de Inteligencia del Ejército que entre el 2010 y el 2014 Cristina las aumentó un 156, 20 por ciento, mientras para la SIDE solo lo hizo en un 33,93 por ciento. En el 2014, por “decisión de Cristina, Inteligencia del Ejército recibió 431 millones de pesos y la SIDE 698 millones”, lo que representó una decisión política de privilegiar al espionaje del Ejército por encima del organismo civil, revirtiendo una tendencia inversa inaugurada con la democracia en 1983.

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