El Gobierno modificó hoy con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia y que tiene a su cargo la Dirección de Captación de Comunicaciones, en medio de la polémica por la reciente difusión de una serie de escuchas judiciales vinculadas a la ex presidenta Cristina Fernández.
El Decreto 102/2017, publicado en el Boletín Oficial, establece que ese organismo estará integrado a partir de ahora por “dos jueces penales con rango de Juez de Cámara”, cuando hasta ahora estaba dirigido por un solo magistrado, que “serán designados por sorteo y actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente”.
En tanto, sus mandatos fueron ampliados de uno a tres años, y cumplido ese plazo, el Subdirector reemplazará al Director y se procederá a la designación por sorteo de un nuevo magistrado.
El DNU establece también que “quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años”.
En diciembre de 2015, pocos días después de su asunción, el presidente Mauricio Macri transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que hasta ese momento dependía de la Procuración General de la Nación, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que quedó al frente de las escuchas judiciales.
En los últimos días se desató una polémica luego de que trascendieran distintas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en distintas conversaciones ocurridas el año pasado con la ex presidenta Cristina Fernández y con otros ex funcionarios kirchneristas.
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