En los últimos 10 años se destinó 170 mil millones de pesos en educación

En los últimos 10 años, el gobierno Nacional ha realizado una inversión de 169 mil millones de pesos en educación, logrando una transformación en la materia que se agudizó con la Ley de Financiamiento Educativo por la que el país destina el 6.4% de su PBI.

Si bien los gremios siguen luchando por mejoras y ajustes de sus salarios, ya no reclaman por la infinidad de carencias que azotaban al sistema educativo, que iban desde una limitada y deficiente estructura, hasta la profunda ausencia de políticas.

De acuerdo con un informe de la agencia Télam, en poco más de una década, año a año se fue incrementando ampliamente la inversión, con números impactantes: 3.744 millones de pesos en 2003; 5.177 millones en 2004, 6.593 en 2005, 8.958 en 2006, 13.619 en 2007, 15.546 en 2008, 19.261 en 2009, 22.906 en 2010, 33.642 en 2011 y 40.020 en 2012.

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La Ley de Financiamiento fue clave en el reflote de la educación, ya que la misma establecía que la inversión en el área debía alcanzar, escalonadamente año a año, el 6% del PIB en 2010. Así mismo, ya en 2009 alcanzaba el 6,4%, muy por encima del 4% con el que se inició el proceso en 2003.

Por su parte, con respecto al financiamiento de salarios docentes, los números indican que en el período 2002-2013 fue de 24.005 millones, mientras que fue de 11.881 millones en Infraestructura y Equipamiento; 1.947 millones en Becas de Estudio; 1.893 millones en Capacitación Docente; entre otras inversiones.

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Al mismo tiempo, el gobierno nacional acompañó el crecimiento con distintas medidas de fomento e impulso, a partir de la sanción de la ley de Obligatoriedad Escolar. También lanzó planes como el FiNes (Finalización de Estudios), o becas como las del Bicentenario, o los cambios de la Curricula de Formación Docente.

Dos de las medidas más importantes en los últimos diez años a nivel social fueron el Plan Conectar Igualdad, con más de 3 millones de computadoras para estudiantes argentinos, y el recientemente lanzado PROGRESAR, que se perfila como una de las políticas más destacadas que apunta a la franja etaria de 18 a 24 años.

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