Empresas pymes no pueden pagar el bono de 5000 pesos obligatorio por decreto

Entidades empresarias aseguran que no pueden pagar el bono obligatorio de 5000 pesos que oficializó el Gobierno por decreto . A través de una carta titulada “Queremos, pero no podemos”, las pymes explicaron que se encuentran en estado de emergencia por la caída del consumo, el “aumento desproporcionado” de las tarifas dolarizadas y las “descomunales” tasas de interés para acceder al crédito. En los últimos tres años y medio cerraron casi 19 mil empresas y la rentabilidad pasó del 15 al 2 por ciento, según un informe del Consejo Productivo Nacional.

“La única posibilidad para efectuar el pago de dicho bono es tomarlo como pago a cuenta de IVA, cargas patronales, planes de pago o cualquier otro impuesto, provincial o nacional, que el vencimiento opere en el mes en que el mismo sea abonado”, proponen las entidades firmantes del comunicado. Fuentes del sector estiman que hay al menos 400 mil trabajadores empleados en estas empresas, y deberán negociar con el gremio textil, alimentos, calzado, metalúrgico y automotriz, entre otros.

Las pymes enfatizan que se encuentran en “estado de emergencia» y otras en «estado terminal” a raíz de la caída del consumo, el aumento del financiamiento, la presión tributaria y la dolarización de las tarifas. Sin embargo, aseguran que es necesario intentar morigerar la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores. “La propuesta es justa, pero además, absolutamente necesaria para poder recuperar el muy deteriorado mercado interno”, dice el comunicado. Pero critican la imposición del bono: “Las medidas aisladas que recaigan y sean soportadas por un solo actor de la economía, y sin formar parte de un proyecto de crecimiento y desarrollo, no resuelven el problema, sino que contribuyen a agravarlo”.

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Además, rechazan no haber sido convocadas a la reunión donde se definió el bono, en la que estuvieron Dante Sica, ministro de Producción, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Construcción (Camarco). “No convocaron a las entidades que representamos el universo de las pymes de servicios, comercio, industria y agro, motores fundamentales en la generación de empleo”, agrega el comunicado. Entre las 20 entidades firmantes se encuentran: Industriales Pymes Argentinas (IPA), Fundación Protejer, la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), entre otras.

Para avanzar en las compensaciones solicitadas que permitan el pago del bono, las entidades solicitan una reunión con el Ministerio de Producción. Todavía no obtuvieron respuesta, pero tienen expectativas. “Estamos con la soga al cuello y el Gobierno conoce esta situación. Pero lo que hacen es que los empresarios financiemos su campaña para que lleguen a las elecciones con la menor problemática social posible”, afirmó a PáginaI12 Damián Regalini, dirigente de la Fundación Protejer.

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En los últimos tres años y medio cerraron 18.478 empresas, según un informe del Consejo Productivo Nacional, titulado “Las pymes en emergencia no pueden pagar el bono”. Es que en diciembre de 2015 había 568.737 compañías, mientras que en abril de este año la AFIP registró 549.989.

El estudio hace referencia a la caída de la rentabilidad, que bajó a un dígito, ya que pasó del 15 al 2 por ciento entre el 2015 y 2019. Y enumera las causas de la asfixia: “El crédito más caro del mundo, los tarifazos y la dolarización de la economía se chocó contra un mercado en recesión que dificulta el traslado a precios. El resultado es la rentabilidad por el piso, dificultad para reinvertir y en algunos casos, el cierre”.

Además, el informe detalla la estructura de costos del promedio sectorial. En cuatro años, los insumos pasaron de 30 a 35 por ciento; las tarifas de servicio de 4 a 15 por ciento; los costos financieros de 3 a 9 por ciento; el margen empresario de 15 a 2 por ciento. También hubo caída en los costos. La masa salarial pasó de representar el 28 por ciento a 25 por ciento; los impuestos directos de 20 a 14 por ciento.

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