Al menos 7,5 millones de hectáreas de tierras rurales argentinas están actualmente en manos de extranjeros, informó ayer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Españoles, estadounidenses y suizos son los principales propietarios. El Gobierno no descartó que la Unidad de Información Financiera (UIF) inicie una investigación por lavado de dinero sobre aquellas empresas extranjeras que aún no presentaron declaraciones juradas reconociendo la posesión de terrenos.

”Hay empresas que conocemos que no han llevado a cabo su declaración jurada, hay muchas que ya tenemos los datos, y lo que establece la ley es que el Registro de Tierras tiene la obligación de comunicar a la UIF, por el tema del lavado de dinero, y también a la AFIP”, advirtió la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez.

Ya en la reglamentación de la ley se anticipaba que las tierras que no fueran declaradas en tiempo y forma pasarían a ser analizadas para determinar si cumplen con las obligaciones impositivas, de registro y de prevención de lavado de dinero. La investigación puede extenderse a socios, administradores y representantes legales.

En concreto, fueron 7.490.265,42 las hectáreas declaradas en las presentaciones ante el registro, según informó el ministro de Justicia, Julio Alak, desde la sede de la cartera, junto a otros datos del relevamiento catastral de tierras rurales.

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El informe indica que del total de hectáreas declaradas en manos extranjeras, el 89,36% corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo el 7% están inscriptas como extranjeras, mientras que el 93% restante están registradas como nacionales, pero con capitales extranjeros; 433.634 hectáreas pertenecen a firmas con capitales provenientes de paraísos fiscales.

Salta es la provincia que tiene la mayor superficie de tierras rurales en poder de ciudadanos de otras nacionalidades, con 1.114.648 hectáreas, seguida por Mendoza y San Juan, con 792.451 y 688.079 hectáreas, respectivamente. Tucumán tiene la menor superficie extranjerizada: 59.486 hectáreas.

Siempre sobre la base de la información surgida de las declaraciones juradas, los españoles son los ciudadanos de nacionalidad extranjera que poseen la mayor extensión, con 1.596.415 hectáreas en su poder, seguidos por los estadounidenses, con 1.384.553, y los suizos, con 1.183.162 hectáreas. En manos de latinos hay apenas un 1 por ciento.

Aunque no se precisa cuántas hectáreas rurales integran todo el territorio nacional, lo cierto es que si fueran 8 millones las extranjerizadas, representarían sólo unos 80.000 kilómetros cuadrados, y la Argentina tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir que sobre el límite del 15% que fijó la ley 26.737 para que esté en manos foráneas, todavía quedaría un amplio margen de comercialización.

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De todas formas, aún falta que algunas empresas declaren su posesión y que otras cinco provincias envíen sus datos para el procesamiento (La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Santa Cruz y Corrientes), por lo que esos 7,5 millones de hectáreas seguramente aumentarán todavía más. Cuando se debatió la ley, algunas organizaciones, como Federación Agraria, hablaban de un nivel de extranjerización que rondaba entre el 10 y el 15 por ciento.

Hasta el momento, fueron presentadas ante el Registro Nacional de Tierras Rurales 7.696 declaraciones juradas. La norma fue reglamentada en febrero de este año y les daba tiempo hasta mayo a las provincias para que presenten sus respectivos datos. Entre esa información, cada administración tenía que enviar un detalle de sus departamentos o municipios discriminando entre tierras rurales y urbanas, sumado a un listado con los predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Para Alak, se trata de ”un soporte jurídico vital”

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Cerca del mediodía, el ministro Alak, acompañado por el secretario de Asuntos Registrales, Oscar Martini; el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak, y la directora del Registro de Tierras Rurales, Florencia Gómez, encabezó la presentación del primer informe de posesión extranjera de territorio nacional, tras la llamada Ley de Tierras, que se sancionó en diciembre del 2011 y se reglamentó dos meses después.

Desde la sede del Ministerio de Justicia, el funcionario celebró ”la visión estratégica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dio lugar a la sanción de la ley 26.737 y fijó un límite del 15% a la titularidad extranjera sobre tierras rurales”, y consideró que ”esta norma constituye el soporte jurídico de una política vital para el fortalecimiento de nuestra soberanía y la protección de nuestros recursos estratégicos, uno de los ejes centrales del proyecto iniciado en el 2003”. Pidió ”compromiso” a las provincias, encargadas de ”remitir toda la información sobre la situación dominial de sus tierras rurales al registro”. Se trata de una tarea ”vital para que las tierras y el agua y todos los recursos de los argentinos sean de los argentinos”, expresó.

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