El vínculo millonario entre Iglesias y empresas de la gestión Lobos

Desde hace tiempo que están esperando respuestas en Guaymallén ante los pedidos de informes relacionados con la privatización del servicio de limpieza adjudicado a la empresa Santa Elena desde el 2016, a cargo del servicio de barrido, limpieza de acequias y recolección de residuos en solo tres distritos del departamento.

La firma Santa Elena se encuentra registrada como Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL, propiedad de los hermanos Javier, Tomás y Diego Espósito. El negocio de los servicios públicos no es el único rubro que desarrollan. Se dedican, al mismo tiempo, a la construcción y tienen inversiones vitivinícolas.

En nombre de la austeridad y de la lucha contra la corrupción, Iglesias ha construido su imagen para salir electo en Guaymallén, pero curiosamente las empresas que mantenían oscuros negociados y concesiones de la gestión Luis Lobos se mantienen en pie. Es el caso de varias constructoras empapadas en el negocio inmobiliario que difundió Diario Somos y es el particular caso de Santa Elena SRL.

Las sospechas sobre negociaciones poco claras que se llevaron a cabo en Guaymallén, quedan en evidencia ante la comodidad con que estos empresarios ganaron una licitación millonaria en ese departamento. La concesión de los servicios de recolección de residuos, limpieza de acequias y barrido a Santa Elena SRL se concretó en menos de cuatro meses de haber asumido el actual intendente. Una licitación que se adjudicó como si hubiera estado todo premeditado para que la ganara Santa Elena, empresa creada por testaferros de los intendentes del FpV.

Si bien se llamó a licitación, llamativamente fue la única empresa que se presentó, y solo se vendió un pliego, en función del cual salió finalmente adjudicada.

Rápidamente, Iglesias firmó un acuerdo exclusivo que sigue vigente y por el cual la mencionada empresa se aseguró 185 millones de pesos por un lapso de tres años (con la opción de extenderlo dos años más). Esto por prestar su servicio en solo tres distritos de Guaymallén: Dorrego, San José y en el área sur de Villa Nueva. En función de este contrato, el municipio le paga actualmente a la empresa unos 5 millones de pesos por mes.

Esta especie de privatización del servicio de limpieza despierta aún duras críticas. El poco claro mecanismo para llevar adelante el proceso licitatorio en el que participó únicamente esta empresa, revela la poca transparencia con la cual se llevaron adelante estos procesos por parte del municipio. Una licitación ajustada al currículum de Santa Elena permitió que se apoderara de un ingreso millonario durante estos años de la mano de Guaymallén.

La convocatoria a esta licitación llamativamente estuvo dirigida exclusivamente a empresas que tuvieran más de cinco años de experiencia y con suficiencia para realizar los tres servicios. Esto significó un ingreso directo para la firma. De esta manera, las mismas condiciones que se pusieron en dicho pliego impedían que otras empresas pudieran presentarse, porque se exigía que una misma empresa prestara los tres servicios simultáneamente (barrido, recolección y limpieza), y además, que tuvieran una experiencia de cinco años en las tres actividades. Por otro lado, colocaron otro requisito que limitaba la postulación de otras empresas, el valor del pliego era de 250 mil pesos.

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Asimismo, el municipio de Guaymallén también fue denunciado por contratar casi 500 nuevos empleados de forma indirecta; es decir, a través de la tercerización de servicios. Con esto se cuestionaba el contrato de Santa Elena, ya que el aumentó correspondía a la planta de personal de la Municipalidad en áreas de recolección de residuos domiciliarios, levantamiento de verdes y escombros, y limpieza de acequias y barrido de calles. Esta información parte de un informe pedido por el justicialismo al Ejecutivo. El mismo proviene de la compañía de seguros “Mapfre Argentina”, que certificaba la afectación de 491 personas a nombre de la firma “Bodegas y Viñedos Santa Elena”.

Desde el comienzo de la gestión y hasta la fecha es fuertemente cuestionado el cercano vínculo “por interés”  de Iglesias con esa firma. Uno de los que se animó a denunciar irregularidades es el concejal Luis Francisco, titular del bloque Frente para la Victoria-PJ, quien manifestó en varias ocasiones que las adjudicaciones no fueron limpias y que “básicamente se vendió el pliego a un solo postor”.

“Era un enlatado porque una misma empresa tenía que prestar los tres servicios y si tenía cinco años de antecedentes en barrido, pero no en acequias, entonces no se podía presentar. La lógica sería que se presenten varios para la licitación y solo se presentó Santa Elena. Marcelino Iglesias mientras hablaba de Lobos, en enero llamó a licitación y en menos de un mes ya venía con todo armado, de manera que en marzo esa empresa ya estaba prestando los servicios”, manifestó el concejal a Diario Somos.

Santa Elena fue igualmente cuestionada por la letra del contrato y la celeridad con que se realizaron las adjudicaciones en otros departamentos donde también presta servicios: Godoy Cruz, Luján, San Martín y Capital. También fueron cuestionados y sembraron dudas los vínculos de la firma con la gestión del ex gobernador Francisco Pérez, por AySaM, Dirección General de Escuelas, Vialidad e Hidráulica. Estos negociados de la empresa Santa Elena fueron fuertemente atacados por legisladores de la oposición, entre ellos, el mismo Marcelino Iglesias y los radicales que, hoy, conducen Guaymallén.

Un servicio de 5 millones de pesos: adjudicado a otra empresa vinculada a la gestión Lobos

 Como adelantamos en una nota previa en nuestro diario, la empresa Freeway S.A. investigada por corrupción en la gestión de Luis Lobos y denunciada por el mismo Marcelino Iglesias, continúa tomando millonarias obras en Guaymallén, donde es contratada insólitamente por el intendente que se había encargado de lacerarlas tiempo atrás.

Tal como mencionamos anteriormente y de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso Diario Somos, el empresario Sergio Da Passano, propietario de la empresa Freeway S.A., por estos días continúa trabajando como prestador de servicios para el municipio de Guaymallén.

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En este caso concreto, hablamos de un servicio presupuestado en 5.100.000 millones de pesos, por el cual dicha empresa se encarga de realizar tareas para la deposición de residuos en el basural de Puente de Hierro: “Contratación servicio de operación y mantenimiento vertedero ubicado en Puente de Hierro”, expresa el documento. Este servicio que por estos días le presta la empresa Freeway S.A. al municipio, le fue adjudicado tras la licitación pública Nº 1167/17 , cuya fecha de apertura fue el 16 de octubre de 2017 .

Esta información fue ratificada por el mismo concejal de Guaymallén, Luis Francisco. Además, se conoce que la empresa de Da Passano, le presta servicios de alquiler de maquinarias a la comuna para llevar adelante diversas tareas.

Junto a los funcionarios del Gobierno de Lobos, Sergio Da Passano fue uno de los empresarios imputados tras las denuncias que se realizaron por asociación ilícita durante la gestión anterior, y su hermana Natalia Da Passano, también fue imputada.

Durante los últimos años la causa se demoró notablemente tras desfilar por varios fiscales, y hace unos meses cayó en manos de la fiscal Susana Muscianisi, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.  Antes que ella, pasaron por el caso los fiscales Daniel Carniello, Juan Manuel Bancalari, y Santiago Garay.

Los cambios de fiscales significan un retroceso en una causa muy compleja que sufrió demoras de más de un año por presiones y negociaciones políticas desde el inicio. La causa continúa sin grandes avances y las empresas involucradas en estas causas siguen prestando sus servicios en el municipio.

Entre los delitos que se le adjudican a esta empresa, se habla de falsificación de firmas: “Se presentan empresas con nombres de fantasía diversos, en donde firma siempre la misma persona, que es Da Passano”, señaló a la prensa Lucas Fallet, uno de los abogados denunciantes, quien además dio cuenta de que hubo “sobrefacturación” y “eliminación de comprobantes” por los servicios que habría prestado esta empresa durante la gestión de Lobos.

Esta información confirma cada vez más los datos brindados por nuestro diario y el poco claro vínculo que tiene el intendente de Guaymallén con empresas que aún siguen investigadas por maniobras ilegales durante la gestión anterior y que tuvieron un crecimiento millonario durante estos años a costa del municipio.

Todos estos negociados ponen en duda si lo que se construyó como luz nueva frente a la sombra de Luis Lobos, es realmente como tal. El perfil de honestidad y republicanismo, exaltado al extremo por el programa del renovado gobierno, parece darse de bruces con lo peor de las recetas del viejo neoliberalismo.

Desde nuestro medio seguiremos investigando y ampliando la información sobre estas causas en los próximos días.

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