La iniciativa fue aprobada tras el tratamiento en varias sesiones desde el año pasado y con el asesoramiento de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), el Instituto Argentino de Investigación en Zonas Aridas (IADIZA) y entes privados.

Los bloques de diputados y senadores introdujeron modificaciones y aprobaron el proyecto, lo que concluyó con los debates iniciados hace 18 años en claustros, bancadas y gobiernos de turno.

La Dirección de Comunicación Institucional reseñó al aprobarse la ley que la norma, que ahora debe reglamentarse en particular, ”tiene como objetivo fundamental establecer el ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en todo el territorio provincial y el de los municipios”.

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El espíritu de la ley ”busca asegurar una mejor calidad de vida de acuerdo con los principios de equidad social y equilibrio territorial (para lograr) un desarrollo sostenido y sustentable, valorar el territorio y sus recursos como base de la identidad cultural”, señala el proyecto.

La ley, añade, ”es de orden público, quedando sujetas a sus prescripciones todas las personas privadas, físicas y jurídicas” y apunta ”a promover el desarrollo territorial equitativo de las áreas urbanas, rurales y naturales de cuencas hidrográficas”.

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En el articulado ”se prohíbe excepciones” y crea ”el Consejo de Estado del Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza”, que estará conformado por representantes legislativos, de gobierno y entidades académicas y civiles representativas de la comunidad.

Con la coordinación de la Secretaría de Ambiente del gobierno provincial este consejo asesorado por urbanistas, académicos, ingenieros, arquitectos y ambientalistas deberá reglamentar la ley.

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La norma apunta a atender actuales riesgos y desequilibrios, como construcciones edilicias en lugares peligrosos, implantación agrícola en zonas urbanas o explotaciones industriales cerca de acuíferos naturales, entre otros.

(Télam)

 

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