Por un lado, desde Xumek se manifestaron a favor de este proyecto, y así también lo hizo el procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado -foto-. El letrado aseguró que esta iniciativa coincide con las reformas que se plantearon ante la Corte Suprema –el pedido de Hábeas Corpus- y que generó un fuerte cruce entre el Gobierno y el Poder Judicial.
La crítica de Cornejo, en ese tiempo, fue que el documento de la Corte Suprema –que está siendo estudiado por el máximo órgano judicial a nivel nacional- podría liberar a cerca de 800 detenidos sin condena.
No obstante, para Imparado no se estaba pidiendo la liberación indiscriminada de detenidos, sino para pedir una justicia más expeditiva y eficiente con respecto a este tema.
Es por eso que el proyecto del Ejecutivo establece la necesidad de contar, según el Procurador, de:
Información clara y precisa sobre la situación de las personas privadas de libertad que se encuentran sometidas a proceso penal sin condena.
Criterios objetivos de procedencia de la prisión preventiva, “en claro beneficio del derecho a la igualdad”.
La consideración a la víctima, “donde se aprecia la posibilidad de protección de casos de violencia de género.
Un proceso rápido y efectivo para la resolución de la prisión preventiva, con plazos acotados para la fijación de audiencias y poniendo a la oralidad como sistema de desarrollo de esta etapa.
Plazos acotados, determinados y fatales en cabeza de los Fiscales para requerir la prisión preventiva, lo que se traduce en un control efectivo y temprano del juez de esta medida cautelar y excepcional.
Más allá de estos puntos, Imparado marcó que se debe contemplar y proceder a la mejora del “deplorable” estado de las cárceles, la lucha contra la violencia institucional, la separación de alojamiento de procesados y condenados y el respeto a los derechos y garantías no afectadas por la medida cautelar.

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