El PRO, a un paso de quedarse con los organismos de control

En medio de las últimas dos sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña para este año, el PRO logró consolidar ayer su estrategia para lograr el manejo de los organismos de control, además de la Fiscalía General y la Asesoría General Tutelar, dos de las tres cabezas del ministerio público del Poder Judicial de la Ciudad. El último capítulo de esa ofensiva política está previsto para el próximo lunes, cuando el viejo Concejo Deliberante esté a 24 horas de cambiar el 50% de su composición y vote a los candidatos que propuso el jefe de Gobierno Mauricio Macri para ocupar esos puestos que el PRO considera estratégicos.

El paso previo para ese ”Día D”, donde se votarán una serie de leyes que requieren el voto de macristas y opositores, se concretó ayer, durante la batería de audiencias públicas que afrontaron los candidatos impulsados por el ejecutivo. La primera arrancó luego de las 9 de la mañana, para que los miembros de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, pudieran escuchar las opiniones a favor y en contra de la postulación de Juan Facundo Del Gaiso, impulsado por la coalición UNEN, para remplazar a Paula Olivetto en la Auditoría General de la Ciudad. El candidato, que responde al legislador y diputado nacional electo Fernándo Sánchez, no tuvo objeciones, una suerte similar a la que benefició dos horas después a Paola Michielotto, la figura impulsada por el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, y a los aspirantes a su directorio, como los actuales legisladores, Rubén Campos (UCR), Julio Raffo (Proyecto Sur) y María América González, tres ediles que cuentan las horas para dejar sus despachos, pero que luego del 10 de diciembre podrían ocupar uno de los disputados sillones del organismo que debe controlar los servicios públicos que administra la comuna.

En medio de jornadas cruciales para la sanción de 40 leyes, que han implicado duros intercambios y acuerdos entre macristas y opositores, las dos primeras audiencias públicas fueron el silencioso prólogo del cierre de los acuerdos previstos para el lunes.
Por esa senda acordonada y sin sobresaltos, también prosperaron las postulaciones del actual legislador PRO Martín Ocampo para encabezar la Fiscalía General, ocupada actualmente por Germán Garavano, quien hasta ayer, redobló sus esfuerzos para impedir el posicionamiento del edil que responde al empresario de los juegos de azar y presidente de Boca Juniors Daniel ”El Tano” Angelici. El PRO mantendrá la jefatura de los fiscales por otros siete años, y esta vez logrará poner bajo su control la cabeza del ministerio público tutelar. Para ese organismo, conocido como Asesoría General Tutelar, el PRO impulsa a la funcionaria Yael Bendel, del riñón de la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal. Los dos candidatos que envió Macri a la Legislatura fueron objetados judicialmente por cinco ONG (entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Poder Ciudadano).

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Ayer, las cinco asociaciones y fundaciones repitieron sus cuestionamientos contra Ocampo y Bendel, por la falta de antecedentes que confirmen su idoneidad, aunque los impugnantes venían de perder el recurso de amparo que presentaron tres días antes para que el juez Aurelio Amirato suspendiera el proceso por irregularidades cometidas en la nominación de los postulantes.

Amirato respondió parcialmente, no hizo lugar al amparo y se espera que lo desestime por completo después del lunes, cuando las designaciones se hayan cerrado. El que no afrontó cuestionamientos fue el camarista Horacio Corti, impulsado por el Frente para la Victoria, para seguir en el ministerio público de la Defensa, un ente que actualmente está en manos del jurista Mario Kestelboim, identificado, al igual que Corti, con el kirchnerismo.

Si hace siete años, las tres partes del ministerio público, fueron repartidas para las tres fuerzas mayoritarias de la Legislatura, esta vez, quedarán en menos manos: dos bajo la órbita del PRO y uno bajo control del FPV.

La oposición esperaba que las audiencias torcieran el curso de las postulaciones, pero terminaron siendo un veloz trámite, pocas horas después de la votación de reformas al poder judicial, que le dieron más poder al PRO para disciplinar fiscales, defensores y asesores, además de un paquete que le permitirá a la Legislatura remover jueces con mayoría simple. (ver aparte).

Nuevo régimen para estacionar

La Legislatura también sancionó los nuevos pliegos para licitar dentro del país el ”servicio público y la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado”. El proyecto original impulsado por el PRO fue suavizado, y se redujeron de manera drástica las zonas en las cuales los residentes tendrán que abonar para estacionar. Se disminuyó en un 78% para garantizar, según el gobierno porteño, que ”prácticamente todos los vecinos de la Ciudad tengan en el entorno de su domicilio la posibilidad de estacionar en forma gratuita”. Sus impulsores destacaron ”una disminución de 41.107 espacios tarifados generales, lo que representa una quita del 22%, así como también la eliminación de la pretensión de tarifar el estacionamiento de motos”, algo que estaba en el primer borrador. La norma fue aprobada por 38 votos positivos de macristas y kirchneristas, frente a 19 en contra. Divide la Ciudad en cinco zonas que tendrán distintas tarifas, aún no establecidas, aunque el Ejecutivo quiere fijar valores de 3 a 5,50 pesos.

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Jueces: mayoría simple

El ”perfeccionamiento” del Ministerio Público fue acompañado por la discreta reforma de las Leyes 31 y 1988, que regulaban las competencias de la Magistratura y fueron ”retocadas” en un enroque que cambió la primera norma y derogó la segunda, a propuesta de los ediles Alejandro Amor (FPV), candidato a la Defensoría del Pueblo, y Francisco Quintana (PRO). Los cambios permitieron la creación de la Oficina de Administración Financiera, del Poder Judicial, que regula los salarios y nombramientos de los jueces, además de modificacones en los métodos para su selección. Con la reforma, no serán necesarios los dos tercios de los legisladores para las remociones o nombramientos. El año próximo podrán ser cambiados con mayoría simple, es decir 31 votos. Un número que el macrismo pretende utilizar para ”rodear” a los magistrados más resistidos por el PRO, como los jueces Roberto Andrés Gallardo, María Elena Liberatori y Patricia López Vergara, además del asesor tutelar Gustavo Moreno, resistido por Maria Eugenia Vidal, impulsora de Yael Bendel a la Asesoría General Tutelar, hoy en manos de una ex ARI.

Más control a fiscales

En la medianoche del jueves, medio día antes de la ronda de audiencias que ayer no registraron sobresaltos para los planes del PRO, la Legislatura ya había consolidado parte de la estrategia para obtener el control legal de las tres partes del Ministerio Público Fiscal. El detalle pasó casi inadvertido para la prensa, pero los acuerdos entre macristas y opositores, especialmente del FPV, permitieron sancionar –por 47 votos y cuatro abstenciones– una reforma a la Ley 1903 que reglamenta el Ministerio Público. El cambio, tejido durante las negociaciones de fin de año, logró quitarle el poder disciplinador sobre fiscales, defensores y asesores que tenía el Consejo de la Magistratura, conducido por el ex legislador Juan Manuel Olmos. Y lo pasó a manos de cada jefe del Ministerio Público. La movida les dará más poder a los nuevos titulares que designará la Legislatura el lunes y le permitirá al macrismo obturar el poder de defensores y asesores para impulsar acciones colectivas que le quitaron el sueño al líder del PRO, como los casos del Borda, los problemas habitacionales y las fallas sanitarias en hospitales públicos.

Infonews

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