Por Nicolás Fiorentino

El kirchnerismo emitió dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y dejó el proyecto para reglamentar el per saltum listo para ser tratado en el Senado la próxima semana. Pero en la reunión, el análisis jurídico del recurso excepcional que plantea el oficialismo quedó en un segundo plano. La discusión corrió en torno de la ley de medios, la crisis en el Consejo de la Magistratura por la designación de jueces y la guerra de poder entre el Gobierno nacional y el Grupo Clarín, el único multimedio que hasta aquí desconoce a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y no mostró intenciones de adaptarse a los límites que impone la legislación vigente, trabada hasta el 7 de diciembre en su cláusula de desinversión por una medida cautelar.

La discusión creció cuando el radicalismo adelantó su voto negativo, algo que se extendería al resto de los espacios opositores. ”No vamos a acompañar y no sobre la base de cuestiones técnico-jurídicas, sino políticas”, explicó Ernesto Sanz (UCR). ”Este proyecto, junto con otros, no son inocuos –continuó el mendocino–. Todos responden al mismo gen, el de crear un nuevo mapa de la comunicación a partir de la interpretación de la ley de medios”.

En el oficialismo, lejos de cruzar la acusación, respondieron: ”Sería hipócrita no asumirlo: esto tiene un trasfondo”, admitió el jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto.

El rionegrino vinculó directamente la sanción del per saltum con la necesidad de que la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo que se discute sobre la ley de medios: la constitucionalidad o no del artículo 161. Aclaró que el recurso extraordinario que promueven, que permitirá solicitar que el máximo tribunal resuelva un caso de ”gravedad institucional” sorteando tribunales superiores, permitiría poner fin a la ”postergación indefinida de una medida cautelar sobre una ley sancionada por el Congreso” y habló de la ”frustración” que genera que una cautelar firmada ”por un juez de primera instancia frene un artículo que es el corazón de la ley de medios”. Tanto Pichetto como su compañero de bancada, Aníbal Fernández, plantearon: ”¿Qué mejor que una Corte proba, respetada e independiente, como la que tenemos, dirima esta cuestión?”.

Pichetto dio más señales de que el recurso extraordinario sería aplicable para resolver jurídicamente la vigencia de la cláusula de desinversión que desoye el Grupo Clarín, propietario de 250 licencias de medios audiovisuales. Dijo que la aplicación parcial de la ley representa ”una situación de gravedad institucional” porque ”tiene como finalidad terminar con situaciones monopólicas”.

Según el proyecto, se podrá pedir el salto de instancia si hay ”sentencias definitivas de primera instancia” o ”resoluciones equiparables a ellas en sus efectos”. Para Pichetto, la medida cautelar es equiparable, porque actúa como una sentencia: impide la aplicación de un artículo y permite al grupo, propiedad de Ernestina Herrera de Noble, mantenerse al margen de los topes que impone la ley.

Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro, ambas del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) hicieron un cuestionamiento político, como la UCR.

Un mensaje para los supremos

La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió también dictamen sobre un proyecto de comunicación, impulsado por el oficialismo y rechazado por la oposición, en el que señala a la Corte Suprema que el rol del Congreso ”está siendo permanentemente obstaculizado por absurdas medidas judiciales dilatorias”.

También le solicita ”que se avoque a resolver la situación de notoria gravedad institucional, generada por las injustificadas y arbitrarias maniobras de bloqueo realizadas por un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura, para impedir la designación de jueces naturales y constitucionales.

Por último, insta al máximo tribunal a ”revisar lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial” en el ”procedimiento de selección de jueces subrogantes para cubrir la vacante del Juzgado Federal Nº1”, donde tramita la medida cautelar que frena la plena aplicación de la ley de medios.

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