La jueza Claudia Rodríguez Vidal admitió el 19 de marzo una medida cautelar presentada por el Grupo Techint en la que solicitaba que se suspenda una cláusula que le impedía presentarse en las dos licitaciones convocadas por el gobierno nacional para la construcción del Gasoducto del Noreste. A raíz de esa medida, ahora Techint podrá participar, pese a que un dictamen elaborado el año pasado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) había recomendado separar la compra de caños de la obra civil, luego de que se detectara un supuesto abuso de posición dominante por parte de la empresa conducida por Paolo Rocca. Fuentes oficiales cuestionaron la decisión de Rodríguez Vidal y recordaron que esta magistrada hace tiempo que viene fallando en contra del Estado cada vez que le toca intervenir.

El convenio para la construcción del Gasoducto del Noreste va a cumplir diez años en noviembre. Fue una iniciativa de Techint que luego adoptó el Estado argentino. En 2003, Rocca aseguró que la obra se completaría en 28 meses, pero nunca comenzó. El proyecto se modificó varias veces, aunque el objetivo sigue siendo el mismo: llevar gas natural proveniente de Bolivia a las regiones del noreste del país que no tienen y aumentar la oferta para el resto. Según datos oficiales, la obra demandará una inversión total de 24.746 millones de pesos, serán 1448 kilómetros de infraestructura y abastecerá de gas natural a Salta, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

En febrero de este año, la empresa estatal Enarsa aprobó el llamado a licitación para la contratación de la ingeniería, provisión de materiales y construcción. El 26 de junio se realizó la apertura de sobres y la mayor de las cuatro ofertas presentadas era de Techint. Sin embargo, Enarsa comprobó que lo que presupuestaba Techint por los caños era mucho menos que lo que se veían forzados a presupuestar sus competidores. Por lo tanto, la petrolera estatal le solicitó a la CNDC que se expidiera sobre un supuesto caso de abuso de posición dominante proveniente de la vinculación societaria entre Techint y el único proveedor nacional de cañerías, una firma del mismo grupo.

A raíz de ello, la CNDC emitió un dictamen donde recomendó realizar un nuevo llamado para la construcción del gasoducto, considerando la posibilidad de separar la compra de caños de la obra civil para evitar así prácticas anticompetitivas. Enarsa tomó en cuenta el dictamen: anuló el concurso y decidió concursar por separado la adquisición de las cañerías y la obra civil. La decisión se consumó a través de una resolución firmada el 12 de diciembre. Entonces Techint apeló ante el Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, quien el 19 de marzo falló a favor del Grupo Techint.

En el Gobierno se mostraron molestos por la decisión de la jueza. Afirman que el fallo es funcional a las prácticas anticompetitivas que ejerce Techint en detrimento de la competencia y además recuerdan que Rodríguez Vidal tiene una larga lista de casos en los cuales falló contra el Estado nacional de manera sistemática. Lo que sigue es un detalle de esos antecedentes:

– Ferrocarril San Martín. El 23 de junio de 2004, el Gobierno rescindió el contrato de concesión de la empresa Transportes Metropolitanos General San Martín, a cargo del empresario Sergio Taselli. Para justificar la decisión, en el decreto 798 se detallaron un conjunto de faltas graves y reiteradas en el servicio del Ferrocarril San Martín, pero Taselli fue a la Justicia y logró que Rodríguez Vidal dictara el 1º de julio de ese año un recurso de amparo en su favor. De ese modo, hizo cesar los efectos del decreto y le permitió al empresario seguir usufructuando la concesión y percibiendo los subsidios. El fallo motivó la actuación del Consejo de la Magistratura que consideró que hubo ”voluntad de privilegiar el interés particular del concesionario sobre el interés público”. Finalmente, en septiembre de 2004, la Cámara Nacional de Apelaciones, declaró la nulidad de todo lo obrado por la jueza.

– Banco Central. En marzo de 2010, Rodríguez Vidal admitió dos planteos contra el decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo de Desendeudamiento Argentino (Fondear) y autorizó que se destinara parte de las reservas del Banco Central a ese fin. Uno fue promovido por los peronistas Graciela Camaño, Felipe Solá y Alfredo Atanasof, y el otro por los radicales Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra. No eran medidas cautelares nuevas, sino la ampliación de los efectos de las que ya había dictado en enero la jueza María José Sarmiento, quien actuaba como subrogante para inmovilizar el Fondo del Bicentenario (FOBI), luego reemplazado por el Fondear. Según Rodríguez Vidal, los DNU del FOBI y del Fondear eran iguales. El segundo, argumentó, tenía la finalidad de eludir las medidas judiciales que impedían pagar deuda con reservas del Banco Central y saltear el análisis parlamentario del decreto. El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, apeló. Lo hizo con tres argumentos centrales: que los legisladores carecen de legitimación para impulsar la causa ya que debían debatir en el Congreso; que los dos DNU son distintos, y que dado que el FOBI había sido derogado, y era la base del expediente, el tema se había vuelto abstracto como dijo la Corte Suprema en una tercera demanda, la que impulsaron Federico Pinedo (PRO) y diputados de la Coalición Cívica. Finalmente, la Cámara del fuero contencioso consideró que hubo defectos procesales en el fallo y afirmó que la disputa se había vuelto abstracta, en sintonía con lo resuelto por la Corte frente al pedido de Pinedo.

– Fibertel. En 2010, la Secretaría de Comunicaciones declaró la caducidad de la empresa Fibertel por no estar autorizada para operar. A raíz de ese hecho, nueve causas ingresaron al fuero contencioso administrativo federal y en el sorteo las causas 25.335/10 y 25.640/10 recayeron en el juzgado Nº 3 de Vidal, que nuevamente resolvió contra el Gobierno otorgando amparos a favor de clientes de la empresa, y por ende a favor de la empresa, con el argumento de que no estaba claro quién le garantizaría el servicio de Internet a esos usuarios.

– Subte. En el Gobierno recuerdan también que Vidal rechazó el año pasado un pedido de cautelar del Poder Ejecutivo donde solicitaba que se obligara al Gobierno de la Ciudad a hacerse cargo del servicio del subte luego de que el Congreso aprobara el proyecto de traspaso.

La cautelar a favor de Techint se suma ahora a esta lista de fallos adversos al Gobierno dictados por Rodríguez Vidal. En el Gobierno adelantaron que, una vez más, apelarán la medida.

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