En las últimas horas, Cristóbal López recibió una buena noticia. El empresario quedó ayer un paso más cerca de solucionar su mayor problema judicial.
El juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente para continuar con la investigación penal por la presunta defraudación contra el Estado por $ 8000 millones y concluyó que esa pesquisa debe continuar en el fuero Penal Económico por una presunta evasión agravada.
Según detalla el diario La Nación, Ercolini justificó su decisión en el “carácter específico” del fuero Penal Económico para impulsar este tipo de investigaciones, lo que a su vez le permitiría a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) obtener “resultados más satisfactorios”.
Y anticipó que, de ser hallados culpables, permitiría imponerles “penas privativas de la libertad mucho más graves” que en el fuero federal a López, a su socio Fabián de Sousa y al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray.
Para López, sin embargo, si la Cámara Federal porteña confirma la decisión de Ercolini, implicaría una oportunidad para acogerse a la moratoria que impulsó el presidente Mauricio Macri y que establece la suspensión de la acción penal para todos aquellos que regularicen su situación tributaria.
La resolución de Ercolini descolocó a la AFIP, que adelantó que la apelará ante la Cámara Federal, al igual que el fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido el procesamiento de López, De Sousa, Echegaray y otros 16 funcionarios del organismo recaudador.
Para la AFIP, representada por Ricardo Gil Lavedra, la deuda por $ 8000 millones debe tomarse como el fruto de una administración fraudulenta de la AFIP en perjuicio del Estado, liderada por Echegaray y con López y de Sousa como partícipes necesarios.”López no es un simple evasor y queremos una sanción ejemplificadora”, indicaron anoche desde la AFIP.
Sin embargo, tras haber defendido su competencia durante meses, Ercolini decidió ayer que la investigación debe continuarla su colega del fuero Penal Económico, Verónica Straccia, con López como el gran protagonista de una presunta evasión y con Echegaray, como figura secundaria.
El contrapunto alrededor de dónde debe tramitarse la investigación por los $ 8000 millones no es menor. Y conscientes de los beneficios que le reportaría trasladar la causa al fuero Penal Económico, López y De Sousa luchan por eso desde hace meses.
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