Una serie de documentos que el Banco JP Morgan presentó en 2008 a la justicia estadounidense confirman lo que la entidad venía ocultando celosamente en el marco de las causas de presunto lavado de activos que se tramitan a nivel local: en una serie de escritos, el banco reconoce que el ex ejecutivo de la entidad, Hernán Arbizu, era el encargado principal de llevarle clientes argentinos al banco, que manejaba una cartera de esas empresas y personas físicas de más de U$S 200 millones y que, además, había tenido acceso a información confidencial de la entidad, razón por la cual el banco terminaría abriéndole un proceso de extradición para encarcelarlo en los Estados Unidos.

Los archivos que hoy publica Tiempo Argentino son otro elemento que contradice la estrategia del Morgan de negar el nexo de Arbizu con las fortunas de la Argentina con cuentas en ese banco; y a la vez pone en evidencia las dilaciones de un sector de la justicia argentina que aún espera pruebas internacionales para que avancen las causas de lavado de activos en el país. Entre los clientes nacionales que tenían y aún tienen cuentas en la división Banca Privada del JP Morgan, se encuentran el Grupo Clarín y sus directivos, Consultatio, Ledesma y la familia Blaquier, la editorial Estrada, la alimenticia Fort, entre otros. Estos nombres explicaban buena parte de los miles de millones de dólares de argentinos acumulados en paraísos off shore. El 18 de junio de 2008, días después de que Arbizu confesara en Argentina haber triangulado en forma irregular dinero de cuentas de sus propios clientes y otorgara a la justicia local un listado de 469 empresas y personas físicas a las cuales había ayudado a lavar dinero, un alto ejecutivo del Morgan ingresó en los tribunales de Nueva York un escrito dando datos de los roles que cumplía el arrepentido en el banco.

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Bajo el título ”Affidavit of Luke R. Palacio”, el documento es un acta notarial, una declaración voluntaria hecha por escrito en la que Palacio, por entonces jefe de Morgan de la región Cono Sur, intenta respaldar las denuncias del banco con información sobre los delitos cometidos por Arbizu.
En la página 3 de un escrito de 15 fojas, Palacio asegura que Arbizu ”era responsable de desarrollar y mantener relaciones con grandes fortunas individuales y sus negocios relacionados, corporaciones, instituciones y trusts en Argentina”, y agrega que a esos fines, el hombre en cuestión ”tenía acceso diario a una base de datos con información muy sensible concerniente a los clientes del JP Morgan”.
Para manejar ese paquete de clientes, cuentas que superaban la suma de U$S 200 millones, el banco le pagaba a Arbizu ”U$S 300 mil”. Además, especifica que la información que manejaba su ex empleado ”incluye nombres, direcciones, números de teléfonos, cantidades de dinero, preferencias de inversión y niveles de tolerancia al riesgo”. Estos últimos datos coinciden incluso con la declaración que el arrepentido hizo en 2008 ante el titular del Juzgado Penal y Correccional 12, Sergio Torres, y que hasta hoy no habían sido tenidos en cuenta por el magistrado. En esa ocasión, Arbizu aportó nombres y números de cuenta, más montos en efectivos de presunta fuga, evasión y lavado de clientes argentinos de Banca Privada, que él mismo había ayudado a hacer las operaciones. Cabe destacar que el escrito confirma además la existencia de Banca Privada en los Estados Unidos, por lo cual la justicia deberá determinar si el dinero de los argentinos está allí, y si fue sacado sin registrar ante organismos oficiales como el fisco nacional. Toda esta data, que ya había sido volcada por Arbizu en la justicia, había sido confirmada por el banco. Sin embargo, para Torres no fue suficiente para citar nuevos testigos y proceder con nuevas imputaciones de directivos locales de la entidad. De hecho, desde 2008 a esta parte, la causa que lleva Torres permaneció virtualmente congelada a la espera de la buena voluntad de Suiza y los Estados Unidos de contestar exhortos internacionales pedidos por el magistrado. Estos pedidos, según expertos consultados por este diario, sólo sirven para dilatar las causas, ya que los países a los que se requiere información están tan vinculados con las respectivas bancas de inversión que dificilmente presenten detalles que comprometan a esas entidades.
En otra parte del documento, Palacio asegura que Arbizu ”violó y sigue violando el Plan de Incentivo del 2005”, un programa que contenía información privilegiada de estos clientes y del cual el arrepentido se había comprometido a mantener la confidencialidad. Y reconoce que ”el JP Morgan da servicio a un segmento altamente selectivo de clientes privados e inversores”.
Este punto grafica dos situaciones: primero, que Arbizu no era un empleado raso del banco sino un mando con injerencia en los negocios y un contacto certero con los altos mandos. Y, por otra parte, muestra la preocupación del Morgan respecto a que su ex empleado no difundiera información confidencial, entre la que se encontraba –además de los clientes de banca privada– el manejo que hizo el Morgan para sacarle clientes y hacer quebrar a bancos competidores, operación que culminó con la monumental crisis de las hipotecas de los Estados Unidos, luego expandida al resto del mundo. En Estados Unidos se ha investigado y comprobado, por caso, que el Morgan fue artífice central de la quiebra del Banco Lehman Brothers, el primer gran hito de la crisis subprime que derivó entre 2008 y 2009 en un mega estallido mundial. Cabe destacar que Luke Palacio, quien presentó este documento en apoyo del banco, dejó el Morgan luego del escándalo Arbizu, y hoy se desempeña en el área de banca privada del Citibank en Miami. Asimismo, Palacio es quien, según fuentes bancarias, se sentó con Alfonso Prat-Gay, otro ex Morgan, para ofrecerle depositar el dinero de la venta de Loma Negra en el exterior, operación que finalmente Amalita Fortabat decidió hacer vía banca suiza y otros paraísos fiscales. «

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multa por fraude
JPMorgan se apresta a desembolsar U$S 750 millones a las autoridades estadounidenses e inglesas por las pérdidas superiores a U$S 6200 millones que generaron las inversiones en derivados del trader Bruno Iksil. Una operación que contó con la participación de dos ejecutivos de similar envergadura que Arbizu, en la comisión de un delito de especulación.
Según el diario Wall Street Journal, el acuerdo debería ser anunciado en semanas y las autoridades deberían acusar al banco de controles internos inadecuados sobre derivados, falta de supervisión de sus traders y de políticas internas para prevenir el ocultamiento de pérdidas eventuales.
Además, Morgan debería admitir su propia responsabilidad en lo que implica una victoria para la Comisión de Valores estadounidense, la Sec, y un cambio de ruta bajo el liderazgo de Mary Jo White.
Hasta ahora, la Sec jamás había obtenido admisiones de culpabilidad en sus acuerdos con distintas entidades estadounidenses.
La semana pasada, las autoridades presentaron acusaciones penales contra dos ex trader del banco, Martin Artajo y Julien Grout, acusados de fraude, de haber trucado los libros contables y obligado a JP a declaraciones ”falsas e irregulares” en dos documentos presentados a la Sec en 2012. Según la acusación, Artajo y Grout ocultaron millonesde dólares de pérdidas.
Artajo, uno de los directores de la oficina de Londres donde trabajaba Iksil, se entregó días atrás a las autoridades españolas y acordó seguir en España y presentarse cada 15 días. En cambio, Grout habría comenzado a pactar con las autoridades.

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