El Gobierno y la CGT abren una negociación por la reforma laboral fragmentada

Los gremios avalan el blanqueo, la reducción de juicios a las obras sociales y las pasantías; siguen las diferencias por la baja de aportes patronales y la indemnización

Con Jorge Triaca recluido en las playas de Chapadmalal y en busca de un interlocutor sindical que le genere más confianza que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la Casa Rosada abrió el juego a través de otros funcionarios para avanzar con el ala dialoguista de la CGT en la negociación de la reforma laboral fragmentada y en la pauta salarial de referencia para las paritarias de este año.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, monitorean la nueva instancia de diálogo con los gremios y fueron quienes dieron luz verde para explorar un acercamiento subterráneo con el sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y con los autodenominados “independientes”, entre los que están los estatales Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, y Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra.

La primera reacción sindical en la reconstrucción del vínculo con el Gobierno la dio Héctor Daer, el único de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT que no asistió a la cumbre de Mar del Plata que organizaron la semana pasada Barrionuevo y Moyano. Su ausencia, como la de otros dirigentes de jerarquía, trazó una frontera en la interna cegetista.

“Lo de Mar del Plata no fue nada institucional de la CGT. Fue una barricada para torear por las causas judiciales”, argumentó un influyente dirigente de “los Gordos”. Justificó así el faltazo de su sector y relativizó el documento que acordaron Moyano y Barrionuevo, en el que se acentuaron las críticas al plan económico de Mauricio Macri y en el que se acusó al Gobierno de orquestar una campaña de persecución judicial contra los gremios.

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A Triaca todavía le caen encima cuestionamientos por el maltrato a una ex empleada que tuvo unos meses contratada en negro y por los polémicos nombramientos en la intervención del sindicato marítimo. Sin embargo, Peña rechazó públicamente cualquier cambio en el Ministerio de Trabajo. Y hasta en esa decisión encontró eco sindical: tanto “los Gordos” como los “independientes” respaldaron al jefe de la cartera laboral: “Todo lo que venga después de Jorgito será peor”.

El apoyo a Triaca fue útil para distinguir al nuevo interlocutor sindical que privilegiará el Gobierno. Negociará con “los Gordos” y “los independientes” el proyecto laboral fragmentado y el porcentaje de referencia para las paritarias.

Puertas adentro de la Casa Rosada, el desgajamiento de la reforma laboral es una derrota para Triaca, que negoció durante meses el proyecto íntegro con la CGT. Pero separado, por partes, es la única viabilidad que podría tener, según fuentes oficiales y gremiales.

Hay tres puntos que una mayoría de gremios de la CGT aceptaría. El primero es el relativo al blanqueo laboral, que prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores, y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. Hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales. Los gremios distinguen aquí una puerta para engordar su cantidad de afiliados y reducir la influencia de los movimientos sociales, una amenaza siempre latente al poder sindical.

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Otro de los puntos que cosechan acuerdos es la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales.

El tercer ítem que sumaría más aprobaciones que rechazos es el de las formaciones profesionales. Los gremios exigirán que se den amparadas por el convenio colectivo de la actividad y que no se extiendan más allá de un año. “No queremos un show de pasantías”, fijó postura un dirigente.

La negociación, de todos modos, estará sujeta a lo que se resuelva con las paritarias y con los puntos conflictivos de la reforma laboral, como la reducción de aportes patronales, que se incluyó en la nueva ley tributaria, o los ítems a contemplar en el pago de una indemnización.

En cuanto a las paritarias, tanto el sector duro de la CGT como el dialoguista comparten postura: no aceptar acuerdos de 15%, como pide el Gobierno, sin una cláusula que permita revisarlo en caso de que la inflación supere ese porcentaje.

Sobre la indemnización, en tanto, se volverá a debatir para incorporar al cálculo por despido elementos variables como las horas extras, los premios y las comisiones, ítems que el proyecto original había omitido.

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