El gobierno ultima los detalles de sus proyectos para democratizar la justicia

El gobierno nacional trabaja contra reloj para ultimar los detalles de la batería de proyectos de ley con los que se busca alcanzar la democratización de la justicia y que fueran anunciados por la presidenta Cristina Fernández durante su discurso por la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el viernes pasado.
En ese sentido, la mandataria mantuvo reuniones ayer con el ministro de Justicia, Julio Alak; con el secretario de Justicia, Julián Álvarez; y finalmente con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Junto a estos funcionarios, la jefa de Estado terminó de delinear la letra chica de los proyectos que serán girados al Congreso en el transcurso de los próximos días.
En total, se trataría de cuatro iniciativas que abarcan la creación de tribunales de Casación como tercera instancia para tres fueros; la regulación de la publicación y el registro de causas en trámite; la democratización en el acceso a la carrera judicial; y la elección directa de los representantes de los estamentos en el Consejo de la Magistratura.
Esta última propuesta generó controversia puertas adentro del Poder Judicial, sobre todo, a partir de las declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Luis María Cabral. ”Si los consejeros representan a los jueces tal como plantea la Constitución Nacional, deben ser elegidos por ellos mismos y no por otras vías, no hay otra opción”, enfatizó Cabral ayer, en declaraciones radiales.
Las afirmaciones del magistrado que hoy ocupa un lugar en la Cámara de Casación Penal generaron malestar en el gobierno nacional, que deslizó que las críticas eran dirigidas hacia un texto que, en definitiva, no se conoce aún.
En tanto, el representante de los jueces reclamó a los legisladores que ”analicen esa cuestión para adecuarla a las normas constitucionales antes de sancionar un texto que pudiese ser irritativo de esas normas”. Incluso, Cabral consideró que, desde su parecer, ”es muy difícil que pueda llegar a sancionarse una ley en esos términos”. El magistrado encabeza la organización que el pasado 6 de diciembre emitió un duro documento denunciando presiones del Poder Ejecutivo a la justicia y que disparó el reclamo de democratización del Poder Judicial por parte de un sector identificado con Justicia Legítima. A su vez, Cabral fue cuestionado por el fiscal Jorge Auat, que le reprochó su designación ”a dedo” en Casación, a pesar de que su puesto debió ser sometido a sorteo.
Fuentes oficiales confirmaron que, de todas formas, uno de los principales cuidados que se tendrá en la redacción formal de los proyectos será que ninguno pueda ser tachado de inconstitucional en su paso por el Congreso.
La sucesión de reuniones que la presidenta llevó a cabo ayer en la residencia de Olivos con Alak y Álvarez se prolongó por más de una hora y media, y tuvo como eje las propuestas de democratización del Poder Judicial, aunque bajo un fuerte hermetismo en cuanto a cómo quedarán redactados los borradores definitivos. En especial, en lo referido al punto que establecerá que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular y no dentro de sus propios estamentos, como hoy se hace actualmente con jueces y abogados.
Más temprano, el flamante titular del Consejo, el camarista Mario Fera, había afirmado que el órgano ”tocó fondo” a partir de la parálisis que evidenció el último año, tras no alcanzar el consenso mínimo entre sus miembros para destrabar la selección y remoción de jueces. ”Es muy difícil establecer la causa por el cual hubo mal funcionamiento y se vio envuelta en un tema que lo excede como fue la constitucionalidad de una ley, tenemos que hacer una autocrítica y buscar la respuesta de la causa del mal funcionamiento”, reconoció Fera. ”Creo que es fundamental conocer el proyecto para saber si es o no inconstitucional, hay que esperar debatir el proyecto y hacer un test de constitucionalidad”, señaló
El propio Zannini –a la salida de una reunión en Casa Rosada (ver página 7)– respondió a las críticas y se expresó en el mismo sentido. ”La presidenta habló del conjunto de leyes que tiene que ver con la justicia y hoy vemos en los diarios que uno de esos proyectos que no se conoce, es inconstitucional”, enfatizó. También se refirió a quienes hacen ”oposición, por oposición misma” y además anteponen ”la declaración de inconstitucional antes que se redacte o se conozca la ley”. «

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los ejes de la reforma
–Otro proyecto engloba la creación de la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, otra en lo Contencioso y Administrativo, y otra Previsional y Laboral. Así, junto con Casación Penal, habrá una tercera instancia en los principales fueros que revisen sentencias, previo a la Corte Suprema. En paralelo, podría darse un renovado impulso a la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, un tribunal ya creado para aliviar la carga de ese fuero, pero que aún no se puso en funciones.
–En el que aspira a democratizar el acceso al sistema judicial se especula con que emule el que fue implementado en la Defensoría General de la Nación para los cargos administrativos, aunque aún es un interrogante si tendrá control sindical, a cargo de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación que conduce Julio Piumato
–El restante aspira a crear un registro online de causas y su publicidad para comunicar el trámite y el tiempo de demora de los expedientes, opción que hoy no contempla el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema.
–La presidenta aclaró que en el paquete de leyes no habrá una especial para que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, ya que la misma es la 24.631, que ya fue sancionada. De esta forma trasladó la decisión a la Corte, que eximió al Poder Judicial a través de una acordada. Su presidente, Ricardo Lorenzetti se había inclinado a que fuera implementado vía ley, durante la apertura del año judicial.

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