El Gobierno publicó el veto a la ley que frenaba el aumento de tarifas

Era una decisión preanunciada y concretada este viernes en el Boletín Oficial, donde el presidente Mauricio Macri, firmó el decreto que veta a la ley aprobada por la oposición en el Congreso de la Nación.

“El Presidente de la Nación Argentina decreta: obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el Nº 27.443; devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado”. Es oficial: el veto a la ley que frenaba el reciente aumento de tarifas de los servicios públicos fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
Tal como había sido anunciado, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto para vetar la iniciativa sancionada horas antes en el Senado por impulso del opositor Partido Justicialista. El decreto 499/2018, con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña , y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren , apela al costo fiscal de la ley en sus considerandos. Según el Gobierno, el freno a las subas implicaba un costo fiscal de $115.000 millones para 2018 y de $170.000 millones hasta 2019.
Los fundamentos del veto apuntan al costo fiscal, a la facultad que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo para fijar tarifas y hasta hace referencia al veto que dictó la expresidenta Cristina Kirchner cuando el Congreso fijó en 2010 que los haberes jubilatorios mínimos debían equipararse con el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil.
La sanción. Ayer a la madrugada, la oposición peronista le asestó un duro golpe al Gobierno y sancionó en la Cámara alta el proyecto que retrotraía a noviembre del año pasado las tarifas de los servicios públicos y que limitaba los aumentos a la variación de los salarios. La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y 30 en contra tras 12 horas de arduo debate y gracias al voto del Bloque Justicialista, que conduce Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), y del kirchnerismo.
A pesar de que se sabía que el Gobierno vetaría la ley, el tenor del debate dejó al desnudo la creciente tensión entre el oficialismo y la oposición como consecuencia de la crisis económica y dejó abierto un interrogante sobre la relación del Poder Ejecutivo con el sector peronista que responde a los gobernadores, cuyo respaldo a la gobernabilidad en el Senado ha sido clave en los últimos dos años y medio.

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