El negocio del petróleo tiene casi siempre los mismos participantes y los mismos clichés: falta de inversión, acuerdos, multas no pagadas, salidas poco elegantes, traspasos no muy claros, sanciones, fin de la etapa, volver a empezar. En estos días, el Gobierno provincial finalmente revirtió un área que tras algunas negociaciones había quedado en manos de YPF, pero en realidad había sido adjudicada al grupo Vila – Manzano.

El área petrolera El Coirón I y II ubicada en Malargüe había sido concesionada en 2008 a las empresas Ketsal-Kilwer de Vila y Manzano, y fueron luego blanco de un verdadero negocio petrolero entre privados. Es que la compañía de los empresarios mendocinos no realizó prácticamente ninguna inversión en el área, y tras una negociación, dejaron como operador a la petrolera YPF.

“Acéptese la reversión del área El Coirón I y II y dése por extinguido el permiso de exploración otorgado por Decreto Provincial N° 1080/08, por sobrevenir una imposibilidad jurídica, inimputable a las permisionarias”, señala el Decreto firmado por Alfredo Cornejo día atrás. Cabe destacar que durante estos años se han revertido varias áreas petroleras por falta de cumplimiento de los contratos o por desinterés de las empresas, forma parte de una política de reordenamiento de las concesiones petroleras.

Es que los permisos otorgados por el Gobierno de Celso Jaque en 2008 a Ketsal-Kilwer, fueron el centro de posteriores renegociaciones. En este sentido, luego se conoció que en 2011 cedieron el 10% a la empresa Energía Mendocina y luego el 70% restante a YPF que aún era privada en esa época.

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Kilwer es una empresa de gas y petróleo con activos de producción y exploración en las provincias de Neuquén, Mendoza, Salta, Chubut y Río Negro. La compañía Andes Energía, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, concretó la compra del 100% de esa firma que era subsidiaria del mismo grupo en 2013.

Un importante vínculo de los empresarios en esa época con Celso Jaque rindió sus frutos. Merced a una “decisión política justificada en los antecedentes” después de obtener las regiones de Nacuñán, Pampa del Sebo, Zampal Norte, Malargüe y Chachahuen, la sociedad Vila-Mazano también fue beneficiada con la adjudicación de las zonas de Coirón Bloque I y II y San Rafael por intermedio del decreto 1080/08 que dejó “sin efecto la limitación impuesta por el artículo 25 inciso 9 de los Pliegos de Condiciones” que restringe a cinco el máximo de áreas a adjudicar por persona física o jurídica aduciendo la “inexistencia de legitimados para reclamar” y la “existencia de un interés de la administración objetivo e impersonal”.

Según Jaque, como no se habían presentado otras empresas para la licitación, el Gobierno consideró que adjudicarle al grupo de Manzano las dos regiones extras en la provincia es una forma de “lograr el incremento razonable de la producción de los recursos hidrocarburíferos”. Sin embargo, la poca inversión que realizó la empresa en el área durante estos años demostró que fue parte más de un negocio petrolero que energético.

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Por estos días, el área otorgada a los empresarios mendocinos fue revertida sin ninguna sanción contra la empresa del grupo Vila – Manzano. Es que los cuestionamientos apuntan ahora a la nula sanción por parte del Gobierno al grupo de empresarios, ya que se trata de un área que abarcaba parte de la reserva de La Payunia y no se podía realizar actividad extractiva.

El Gobierno provincial ya le había perdonado otra multa en 2012

El ex gobernador de Mendoza, Celso Jaque, adjudicó a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ketsal-Kilwer, siete de las doce áreas disponibles para exploración petrolera en la zona de Cuyo: dos zonas más que las permitidas por la normativa que regula las licitaciones del sector de hidrocarburos. Acaso para no herir susceptibilidades también le otorgó una zona petrolera al polifacético empresario amigo de los Kirchner, Cristóbal López, más conocido como “el señor de los Casinos”.

Ketsal y Oil, ésta del kirchnerista Cristóbal López, se unieron para explotar una de las áreas adjudicadas por Jaque en 2008, pero luego desistieron. El empresario mendocino prometió invertir en otro yacimiento y zafó de pagar casi 1 millón de dólares.

Dos de los jugadores de la actividad petrolera local, Ketsal (del grupo Vila-Manzano) y Oil (del empresario K Cristóbal López) debían al Estado poco más de 156 millones de dólares por no hacer las inversiones que habían prometido en el área San Pedro del Atuel (ubicada entre la formación neuquina y la formación de Cacheuta), que fue licitada en el año 2007 y adjudicada por Celso Jaque a Ketsal-Oil, que se conformó como una UTE para explorarla.

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El tiempo pasó y al parecer los análisis de rentabilidad que hicieron los empresarios amigos y socios del kirchnerismo estaban errados y decidieron que la inversión en el área no era conveniente. Así, se incumplió con lo pactado. El área retornó a manos del Estado y el Gobierno mucho tiempo después apuró el resarcimiento por los daños ocasionados al no hacerla producir.

Pero el castigo por tal decisión fue parcial: el grupo Vila-Manzano fue “perdonado” mientras que Cristóbal López fue multado con la ejecución de garantía, en este caso, correspondiente al 1 por ciento del total de la inversión (70 millones de dólares), lo que implicó el pago de una multa de 700 mil dólares.

Ahora bien, ¿por qué se perdonó a los empresarios? El argumento oficial fue que el grupo Vila- Manzano presentó en ese momento una contrapropuesta: en lugar de que le ejecuten la garantía (863 mil dólares), propuso reinvertir en el bloque en desarrollo La Paloma ubicado en Malargüe.

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