El gobierno nacional instó a la UTA y a los empresarios a normalizar el servicio de micros de larga distancia tras disponer un aumento del 23 por ciento en los salarios y advirtió a las cámaras empresarias que ”no se aceptará extorsiones para volver al viejo sistema de subsidios”.

Los ministerios de Trabajo y de Transporte emitieron una resolución conjunta en la cual establecieron un aumento salarial para los choferes de larga distancia de 23 por ciento desde el 1 de abril hasta diciembre, pero los empresarios aseguraron que esa disposición ”es de imposible cumplimiento” mientras que la UTA continuaba la huelga iniciada hace tres días.

En este contexto, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, advirtió a los empresarios que el Gobierno ”no aceptará extorsiones para volver al viejo sistema de subsidios” y anunció que se podrían imponer sanciones ”que van desde multas hasta la caducidad de las licencias”.

En el marco de una entrevista concedida a C5N, Randazzo calificó a la medida de la UTA como ”una verdadera locura” y aseguró que ”es una vergüenza lo que están haciendo con miles de pasajeros”, en referencia a quienes están varados en Retiro por el paro que se desarrolla desde el pasado jueves.

También sostuvo que al sector de transporte de pasajeros ”le ha ido muy bien en los últimos años” y consideró que si continúa la medida se transformará en ”un lock out patronal”.

Randazzo aclaró que el Gobierno ”ha dejado establecida una mesa entre (los ministerios de) Transporte, Economía, y Trabajo para que si alguna empresa en particular tuviera algún problema, podamos hacer uso de las herramientas que son generales y que tiene a disposición el Ministerio de Trabajo”.

Con respecto a las sanciones, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también advirtió que si sigue el paro el Gobierno podría aplicar ”las sanciones que tanto al sector empleador como a los trabajadores les puedan corresponder”.

Tomada subrayó que desde el Gobierno se espera ”que el sector empresario se haga cargo de las responsabilidades que tiene como servicio público”.

Al igual que Randazzo, el ministro de Trabajo sostuvo que los empresarios de Transporte ”tienen que entender definitivamente que no vamos a volver a los subsidios”.

”No queremos llegar a una situación en la que el gremio siga con el paro y los empresarios sigan con su actitud. Transmitiría una sospecha muy fea, como que hay un acuerdo para lograr que sea el estado el que resuelva”, fustigó Tomada.

La medida dictada por el Gobierno establece además que ”por los meses de enero, febrero y marzo se aplicará un incremento salarial del 18% con carácter de no remunerativo que se abonará en dos cuotas iguales, con los salarios de mayo y julio”.

La resolución ”tiene el fin de resolver el conflicto que afecta a los usuarios generando graves perjuicios y alterando la paz social”, según se destaca en el documento firmado por el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

Sobre la resolución del Gobierno, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) y la Cámara Empresaria de Autotransporte (CEAP) emitieron un comunicado en el que consideraron que ”agrava la situación económica de las empresas y pone en serio riesgo la continuidad de los servicios”.

Las cámaras de transporte aseguraron que ”la medida traducida a valores monetarios implicará un incremento en los costos de más de 840 millones de pesos anuales para este sector”.

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