El Gobierno busca lograr la reforma previsional

A las 14 está previsto que comience la sesión de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto. Estan programadas protestas gremiales y de organizaciones de Izquierda en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno, con el apoyo de varios gobernadores peronistas, y la oposición, motorizada por el kirchnerismo y la izquierda, volverán a pujar hoy en la Cámara de Diputados por la controvertida reforma previsional que impulsa el presidente Mauricio Macri y que modifica la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y de las asignaciones sociales.

La sesión de la Cámara baja está convocada para las 14, en un escenario que amenaza con replicar el caos político registrado el jueves último, tanto en las afueras como en el interior del Palacio Legislativo.

Por lo pronto, la CGT convocó a un paro de 24 horas con movilización a partir del mediodía y promete paralizar la ciudad, en particular el transporte. La medida es compartida por las dos CTA, centrales sindicales con una postura más crítica del gobierno nacional.
En anticipación de este escenario, los alrededores del Congreso volverán a convertirse en una zona de conflicto latente con un fuerte operativo de seguridad. En esta ocasión, y tras las críticas a la represión de la Gendarmería lanzadas desde la oposición y de algunas voces oficialistas, como la diputada Elisa Carrió, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cederá el control a la Policía de la Ciudad, que tendrá la misión de garantizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Otra gran duda será saber si se repetirá el caos que los diputados del kirchnerismo, el massismo y el trotskismo trasladaron al recinto.

Sobre todo porque en el oficialismo aseguran que, como ocurrió la semana pasada, tendrán el quorum que permitirá habilitar la sesión y abrir el debate del proyecto, que ya fue aprobado por el Senado hace dos semanas.

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Según los cálculos de Cambiemos, entre 140 y 150 diputados estarían dispuestos esta tarde a sentarse a discutir la controvertida iniciativa.
Si se cumple este pronóstico, será en parte por la fuerte presión que la Casa Rosada les trasladó a los gobernadores, sobre todo a los peronistas, para que cumplan con el pacto fiscal que firmaron a principios de noviembre. En ese acuerdo se estableció que, como parte de un ajuste de gastos y compensaciones de fondos entre la Nación y las provincias, se modificaría la fórmula de actualización de las jubilaciones.

Además, está la promesa realizada por Carrió en pleno recinto la semana pasada de que el Gobierno otorgará un bono para compensar el denominado “empalme” entre la fórmula actual y la propuesta en el proyecto. Para la oposición, el cambio perjudica a los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, que tendrán un aumento inferior al que recibirían si se mantuviera la ecuación vigente.

La actual fórmula se basa en la recaudación impositiva que se destina a financiar la Anses y se aplica dos veces al año. La nueva, modificada en el Senado, es trimestral y está compuesta en una proporción de 70/30 por la inflación y el índice que mide los sueldos promedio de los trabajadores en relación de dependencia.

Sin embargo, ese esquema deja un período, los últimos tres meses de este año, fuera del cálculo de la eventual próxima actualización de marzo. En respuesta a esta brecha es que el Gobierno decidió ofrecer un bono compensatorio.
Sigue la polémica

En los últimos días, el Gobierno se preocupó por defender la nueva fórmula y el bono compensatorio y criticar a la oposición, sobre todo al kirchnerismo, por los métodos utilizados para oponerse a la iniciativa.

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“Nunca más se va a permitir que se licue el valor de las jubilaciones. La nueva fórmula impedirá que fenómenos como la recesión o la inflación les generen un impacto adicional”, afirmó Nicolás Dujovne, en un reportaje a LA NACION. En tanto, el Gobierno aseguró ayer, a través de un informe que difundió al mediodía, que el bono que se pagará en marzo beneficiará a 10 millones de personas entre jubilados y beneficiados con la asignación universal por hijo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó el proyecto como “una muy buena ley” y le advirtió a la CGT que “no tiene que ser funcional al kirchnerismo”.
Además de defender a la ministra Bullrich y el operativo de seguridad dispuesto el jueves último, Peña dijo que “el grado de violencia que ejercieron [los manifestantes] fue muy alto” y denunció “una acción organizada para tratar de impedir la sesión”.

Desde la oposición siguen alzándose voces críticas de la iniciativa. “La discusión es si les ajustan o no a los jubilados, eso lo entiende la sociedad”, afirmó Máximo Kirchner (FPV-Santa Cruz). “Esta reforma va a ser una aspirina y en dos o tres meses vamos a ver otra vez al Congreso votando medidas contra la gente”, agregó el diputado. No obstante, consideró que “el oficialismo seguramente puede tener los votos” para aprobar el polémico proyecto y convertirlo en ley.

Aclaración: Fuentes de la Casa Rosada se comunicaron ayer con LA NACION para informar que el malestar presidencial con los gobernadores luego de la fallida sesión en Diputados del jueves último no alcanzaba al jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, como se informó ayer.

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