Es hora de que las empresas demuestren voluntad política de terminar con el empleo no registrado” indicó ayer a Tiempo Argentino una alta fuente del Poder Ejecutivo al analizar en detalle el Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado, que la administración nacional presentó el último jueves en el marco del llamado al diálogo social. La fuente señaló que el gobierno apunta a reducir el empleo irregular en diez puntos porcentuales ”en el mediano plazo” y que el punto de partida será la entrada en vigencia del plan, que dependerá en algunos casos de leyes y en otros de decretos presidenciales. El lunes, el Indec informó que en el segundo trimestre el trabajo ”en negro” fue del 34,5 por ciento.

Mientras los sectores empresario y gremial analizan la iniciativa oficial de cara a una nueva reunión, en el Ministerio destacan la propuesta oficial aunque se mostraron críticos de algunos tratamientos mediáticos. Por ejemplo, rechazaron la denominación de ”monotributo social” con el que algunos sectores de la prensa rebautizaron al Régimen Especial para Microempresas. ”Es pésimo hablar de monotributo”, dijo la fuente consultada, que prefirió hablar de ”una tarifa uniforme que permita cumplir con la normativa a las empresas muy pequeñas”, un sector que concentra el 60% de las empresas en infracción.

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En la misma línea, el consultado cuestionó la comparación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales con el listado Veraz, cuya función es exponer a supuestos deudores en una lista pública. ”Hay grandes empresas que son reincidentes en el no registro. La intención es que esas aparezcan en la lista y que, además de la sanción social, pierdan todo beneficio del Estado, además de pagar una multa”, enumeró la fuente. En relación con la multa, existe un proyecto de ley que establece regular el monto en relación con la cantidad de trabajadores no registrados que emplee. El programa oficial impulsa también la creación de una unidad para detectar casos de tercerización. No obstante, la intención será centrar ”en los casos que impliquen fraude laboral”, señaló el referente, que consignó además que entre los incentivos económicos que prevé la iniciativa se maneja la posibilidad de instrumentar créditos en función de la plantilla de trabajadores ”a más registrados, más créditos y más plazo”, describió. Pero uno de los puntos principales de la charla versó sobre las posibles devoluciones de gremios y empresas. En el gobierno plantean que las empresas volverán a proponer rebajas en las cargas sociales pero aclaran que oficialmente habrá un posicionamiento firme: ”La solución no pasa por ahí porque lo único que se conseguiría con eso es el desfinanciamiento del Estado.” En ese sentido, el interlocutor se hizo eco de recientes declaraciones del titular de la UIA, Héctor Méndez, y lanzó que ”la voluntad política del gobierno en el tema trabajo en negro está hartamente demostrada”. Este gobierno ”puso el tema sobre la mesa y ahora les toca a las empresas demostrar voluntad política”, señaló el informante, que se metió también en otros reclamos de las privadas: ”lo de tener mayor competitividad bajando salarios llevó a la crisis de 2001; hay que buscar otras vías”, analizó.

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Uno de los objetivos del programa oficial es reforzar la capacidad de policía del Ministerio de Trabajo para ampliar los controles a nivel federal, dentro de un panorama que muestra regiones del país con índices de trabajo ilegal en el orden del 43%, según mostró el Indec. En la administración reconocen que este es uno de los puntos más ásperos de la iniciativa dada la diferencia de potencial entre los estados provinciales y muchas de las grandes compañías privadas del interior: ”Es necesario que el Estado Nacional esté detrás del inspector jujeño o mendocino”, ejemplificó la fuente.

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