Por Luis Bastús para Rosario 12

El llamado a elecciones de intendente en Granadero Baigorria que hizo el Ejecutivo provincial sigue crepitando. A la defensa propia que ensayó el aludido Alejandro Ramos y su entorno, ayer se le sumó el repudio institucional del Partido Justicialista de Santa Fe al decreto nº 601 del gobernador Antonio Bonfatti. Lo tildaron como un acto de ”discriminación política” contra el secretario de Transporte de la Nación, pero tomaron el guante y vaticinaron que ”la voluntad popular” ratificará la continuidad de sus delfines a cargo de esa ciudad.

Desde el gobierno se trata de cumplir con la ley que rige a los municipios. El Consejo Provincial del PJ emitió una declaración firmada por su titular, el intendente venadense José Luis Freyre, y el jefe del bloque Frente para la Victoria en Diputados, Darío Mascioli.

”Observamos una clara discriminación política, de querer escarmentar a un dirigente político de la talla de Alejandro Ramos, frente a la posición que toma de los temas de incumbencia provincial y su acérrima defensa al modelo nacional”, marcó el documento.

LEÉR MÁS  El martes después del partido de la Selección, Cornejo tratará la ampliación de la Corte

El motivo del pronunciamiento fue el decreto que el Ejecutivo dio a conocer el viernes, luego de que Bonfatti fijara el 11 de agosto como fecha para las elecciones primarias y el 27 de octubre para celebrar las generales, unificadas con el comicio nacional de diputados.

Allí el gobernador se sirvió de conclusiones emitidas por la Secretaría Legal y Técnica y por Fiscalía de Estado para decretar que en esa misma fecha Granadero Baigorria normalice su situación y vote un nuevo jefe municipal que reemplace a Ramos, en uso de licencia reiterada desde marzo de 2012, por ocupar un cargo nacional. Primero fue el propio equipo de la intendenta interina, Romina Luciani, y sus ediles, quienes afirmaron que acatarán la convocatoria pero denunciaron que Bonfatti ejerció ”ensañamiento político” contra Ramos.

Luego el propio intendente en licencia calificó el decreto provincial como ”una intromisión, un mamarracho jurídico”.

”Vemos que no se sigue el mismo ejemplo en las localidades de La Rubia y La Criolla, donde procesos similares, para quienes conducen esas comunas respecto de las licencias, cumplen tareas en el gobierno provincial, pero donde se encuentran involucrados partidarios del Frente Progresista, se hizo la vista gorda al tan mentado ordenamiento institucional”, fustigó el PJ. El dardo aludió a la subsecretaria de Coordinación Territorial del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Alejandra Dupouy, y al secretario del Sistema Hídrico del Ministerio de Producción, Roberto Tion, que fueron elegidos presidentes comunales en La Rubia (departamento San Cristóbal) y La Criolla (San Justo), respectivamente, y que tomaron licencia para asumir sus funciones actuales.

LEÉR MÁS  "Con Cristina comía todo el mundo y ahora hay gente que no come" dijo Moyano

La réplica justicialista apuntó que ”quienes fueron abanderados de las autonomías municipales y defienden las instituciones democráticas, hoy en el uso y abuso del poder, emiten un decreto para fijar condiciones que la ciudadanía y los organismos pertinentes respaldaron a los hechos producidos, todos dentro del marco de la legalidad permitida”, interpretaron Freyre y Mascioli acerca de la licencia que el Concejo baigorrense le sigue otorgando a funcionario nacional.

El documento del PJ cerró con un ”total apoyo a lo expresado por el actual secretario de Transporte de la Nación, en la plena seguridad de que su reivindicación vendrá de la mano de la voluntad del pueblo”.

LEÉR MÁS  El martes después del partido de la Selección, Cornejo tratará la ampliación de la Corte

El secretario Legal y Técnico del gobierno, Diego Echen, desacreditó la interpretación del justicialismo. Al ejemplo confrontado sobre los presidentes comunales de La Rubia y La Criolla, aclaró: ”En esas dos comunas este año habrá elecciones y la situación acabará de normalizarse. Además, la ley orgánica de comunas establece que los vecinos eligen a una comisión de gobierno, de 3 o 5 miembros, y cualquiera de ellos puede presidirla”.

Echen dio a entender que el Ejecutivo le tuvo paciencia al caso Baigorria. ”Respetamos las atribuciones de los municipios, y Ramos pidió licencia en marzo de 2012. No hubiera sido razonable ya marcar la irregularidad en los primeros días de la licencia, contemplamos la situación y aguardamos, pero ahora ya no era razonable seguir tolerando esa anomalía”, explicó. Y añadió que la unificación de elecciones dispuesta por el gobernador vino como anillo al dedo para convocar a los baigorrenses a elegir intendente. ”Aprovechamos la ocasión –prosiguió Echen– porque al ciudadano no se lo debe convocar a votar en múltiples oportunidades, acá no hay ninguna persecución política”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here