El máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que, a pedido del Estado Nacional, había levantado la medida cautelar que ordenaba ”no innovar”.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, consideraron ”conveniente” mantener la medida cautelar que La Nación interpuso en octubre de 2003.

En disidencia, la vicepresidente del tribunal, Elena Highton, votó por el rechazo del recurso extraordinario presentado, porque no ser dirigía contra una sentencia definitiva, requisito para habilitar la intervención de la Corte.

La Nación, entre otros medios de comunicación, obtuvo en el año 2001, a través del decreto 730, firmado por el entonces presidente Fernando de La Rúa y por su Ministro de Economía, Domingo Cavallo, el beneficio de no pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta y que computara sus contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.

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En el decreto 730 los diarios se comprometían a mantener el valor de sus tapas, pero no cumplieron.

Y en marzo de 2003, el ex presidente, Eduardo Duhalde, eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga.

Ese decreto de necesidad y urgencia, del 28 de marzo de ese año, especificaba que la excepción regiría por el ”plazo mínimo y acotado” de cuatro meses, por lo que para julio se vencía el plazo.

En octubre de 2003 La Nación consigue la cautelar que hoy la corte decide mantener firme gracias al juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino quien resolvió que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA.

El Estado Nacional presentó para los medios que hasta ese entonces tenían deuda con el ejecutivo dos alternativas de refinanciación a través de la ley 26.476, de diciembre de 2008, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al vencer ese plazo, el 31 de agosto de 2009.

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Asimismo, el 27 de mayo de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con cientos de medios en similares condiciones que La Nación, como los diarios La Gaceta y La Nueva Provincia y los canales América TV y Telefe.

Durante seis meses, también se abrió la posibilidad de ajustarse a la moratoria y ofreció diversas facilidades de pago, como pagar en 120 cuotas el capital adeudado, sin los intereses vencidos.

Además, se les permitía a los medios canjear sus deudas fiscales y previsionales vencidas, incluidos sus intereses, por espacios publicitarios.

La mayoría de los medios de comunicación aprovecharon estas posibilidades y negociaron planes de pago: el Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos; el grupo Manzano-Vila por 134 millones de pesos; Canal 9 por 24 millones y Telecentro por dos millones de pesos.

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Pero, pese a las alternativas de pago ofrecidas por el gobierno, el diario La Nación no regularizó su deuda y aunque no es el único medio que presenta deudas con la AFIP, es el que mantiene la de mayor monto.

Al centenario matutino que omitió todas las alternativas posibles de pago presentadas por el Estado, no le parecieron suficientes los planes de refinanciación de deuda, y por una medida cautelar sigue adeudando millones de pesos.

La medida cautelar interpuesta hace once años manifiesta que la justicia le permite a medios como La Nación seguir teniendo deducciones, pese a que se escudan bajo la libertad de expresión, y presentan desde hace tiempo balances favorables y están en plenas condiciones de pagar.
Telam

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