El acuerdo petrolero que silencian Clarín y La Nación

En el marco de la política energética iniciada desde la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, hace pocos días, distintos sectores que representan a los trabajadores llegaron a un acuerdo salarial que tiene la característica de contemplar un período de 18 meses y no de 12 como habitualmente se firman las convenciones colectivas. En efecto, el pasado 29 de agosto se firmó el acuerdo que establece aumentos escalonados del orden del 25% abarcando el período que comenzó el 1 de julio y que finalizará el 31 de diciembre de 2013. El 12% inicial rige desde ya –y retroactivo al 1 de julio–, mientras que el 13% restante se actualizará en dos tramos: un 8% desde el 1 de marzo de 2013 y el 5% restante desde el 1 de septiembre de ese año. El incremento tiene una suma fija no remunerativa de 12 mil pesos que se paga en cuatro cuotas. El convenio se hizo en la sede del Ministerio de Trabajo y contó con la presencia de los sectores patronales.

Por el lado gremial, lo firmaron la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH), que representa a casi 20 mil trabajadores, todos de YPF. También estuvo la Federación de Petroleros Privados, el sindicato de petroleros privados de Mendoza que conduce Dante González. Muy destacable aun es que también lo firmó Guillermo Pereyra, titular del Sindicato de Petróleo y Gas de Neuquén, la provincia estrella de las futuras inversiones. Además, la importancia de Pereyra es que integra el directorio de YPF y representa también a unos 20 mil trabajadores. Un detalle no menor es que Pereyra comparte espacio con el camionero Hugo Moyano. Pereyra expresa un desprendimiento muy importante de la Federación Argentina de Trabajadores del Petróleo y el Gas, que encabeza Alberto Roberti. La nómina de los gremios que acordaron incluye a los petroleros jerárquicos de Neuquén, Río Negro y La Pampa, encabezados por Manuel Arévalo, y los de Mendoza, por quienes firmó Julián Matamala.

Petróleo y política tienen mucho que ver y no es casualidad que el día antes de este acuerdo, Roberti advirtiera que ”los trabajadores petroleros” irían al paro en rechazo del aumento nacional que se estaba gestando. Roberti es diputado nacional por el espacio del empresario Francisco de Narváez y, si bien apoyó la nacionalización de YPF, puso reparos al acuerdo, entre otras cosas, por temor a perder protagonismo dentro de la recomposición de fuerzas sindicales que deberían suceder con los cambios en la política energética. Si faltaba algún componente para entender la postura de Roberti es que, dos días después del llamado al paro de Roberti, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, daba a conocer el plan estratégico para los próximos cinco años.

Según reproduce La Nación, Roberti llamó al paro porque ”no se puede hipotecar el salario de los compañeros durante tanto tiempo”. Es sabido que el salario de los petroleros es elevado, por la dureza de la vida en los campamentos o en las localidades petroleras, pero no es un salario depreciado. Para nada. Una prueba de ello es que el reclamo de ”los dragones” –y más allá de los desmanes y de las incidencias de las internas políticas de Chubut– era el de equiparar los ingresos de los trabajadores tercerizados encuadrados en el gremio de la Construcción con los salarios de los petroleros. Estamos hablando de ingresos que son, en promedio, algo así como la mitad, y por tareas que consideran similares. Es más, en localidades como Comodoro Rivadavia o Neuquén, la existencia de trabajadores petroleros es la excusa que toman los comerciantes o las inmobiliarias para manejar los precios de los productos alimenticios o los alquileres de viviendas, con lo cual un maestro o un empleado público –cuyos ingresos suelen ser también la mitad, con suerte– debe pagar precios altísimos.
Desde ya, el mundo petrolero es muy distinto al resto y no está en cuestión el derecho a un buen ingreso. Por las condiciones de trabajo y también por la conocida combatividad gremial del sector. Una combatividad que en el caso de los medios opositores cobra relevancia cada vez que se trata de conflictos en Santa Cruz o en Chubut.

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Precisamente Mario Mansilla (petroleros privados de Chubut) y José Lludgar (Petroleros jerárquicos de Santa Cruz) son los otros dos dirigentes que no firmaron el acuerdo. Ambos tienen elecciones en sus filiales –muy reñidas– y sintonías políticas adversas al gobierno nacional.

Cabe recordar que tanto en Santa Cruz como en Comodoro Rivadavia a veces las protestas son encabezadas por grupos gremiales de izquierda. No obstante, Clarín y La Nación olvidan su furibunda persecución gremial y se hacen eco, con el solo propósito de generar descrédito en el país y sus autoridades. De paso, para desalentar la inversión del sector privado en el petróleo.

Nada de olvido. Lo curioso es que estos diarios dieron difusión al paro llamado por Roberti y no publicaron ni una letra del acuerdo firmado al día siguiente. Por la sencilla razón de que está en línea con fortalecer YPF. Porque está en línea con la articulación que está logrando la nueva conducción, con Miguel Galuccio a la cabeza, con sectores empresariales, las gobernaciones provinciales y también con distintos representantes gremiales. Antes de que el nuevo presidente de YPF diera a conocer los planes de la compañía junto a la presidenta en la destilería de Ensenada hace un par de semanas, los dos diarios en cuestión repetían la versión de que Galuccio había renunciado.

Ahora que se sentó a hablar con empresas transnacionales de porte, como Chevron, la noticia pasa al costado. Si Galuccio va a Moscú –donde estuvo hace unos días– y logra un acuerdo con la poderosa Gazprom, tanto en petróleo convencional y no convencional como en gas licuado, tampoco es noticia.

Pasaron algo menos de cinco meses de la decisión presidencial de cambiar la ecuación energética. Primero con la separación de Repsol, vía la expropiación de sus acciones. Segundo con el lanzamiento del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que busca el ambicioso objetivo de lograr la soberanía energética en un país que el año anterior terminó con una balanza comercial hiperdeficitaria en el sector: los 9000 millones de dólares de importaciones no se van a resolver de un año para el otro y el gobierno se propuso aumentar la inversión pública y también promover la privada.

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En ese marco deben entenderse las pulseadas de un sector gremial, cuya cabeza está al lado de De Narváez, y la manipulación de los medios opositores.

EL PESO GREMIAL. La federación de petroleros privados nuclea entre 40 y 50 mil trabajadores. El titular del SUPEH, Antonio Cassia, es el titular de una federación que es heredera del viejo SUPE (Sindicato Unido de Petroleros del Estado) que tuvo muchísima fuerza tanto durante los años del primer peronismo y la resistencia como en los tiempos de la YPF previa a la privatización. Pese a que el mendocino Cassia fue un hombre cercano al caudillo del SUPE Diego Ibáñez (muy amigo de Carlos Menem), suele aclarar que mientras fue diputado nacional y estuvo al frente de la Comisión de Combustibles, defendió su propuesta de mantener el 51% de las acciones en manos del Estado.

El neoliberalismo dejó cifras durísimas según Cassia: 35 mil echados o idos con retiros voluntarios y una empresa reducida a unos 10 mil empleados. La realidad del sector petrolero no es sólo la extranjerización creciente sino la tercerización, la falta de integración vertical de la que Galuccio habla como uno de los graves problemas.

La concreción de los planes oficiales no sólo mejorará la ecuación de la balanza comercial sino que también producirá cambios en la cantidad de puestos de trabajo del sector. En este sentido, es probable que la planta laboral de YPF crezca más que proporcionalmente que la del resto de las empresas. La presencia de un solo representante de los sindicatos en el directorio de YPF es un problema para un sector donde la dirigencia responde a distintos alineamientos.

En estos días quedó claro que hay un sector que pone el hombro a la recuperación del sector y otro que pone piedras. La decisión del SUPEH de firmar un convenio de 18 meses parece la contracara del llamado al paro impulsado por Roberti. Cuando los dirigentes sindicales petroleros hablan de mantener la paz social, como lo hacen quienes firmaron este acuerdo, saben muy bien lo que significa una huelga petrolera. Tanto por las pérdidas que significa no extraer o refinar o distribuir pero también saben que la decisión de firmar ese acuerdo un día antes de la primera conferencia de prensa de Galuccio tiene un valor político significativo. Vale recordar que a los dos días del paro llamado por Roberti y sólo a un día del acuerdo salarial consignado, el presidente de YPF anunció el plan 2013-2017, cuando se cumplían sus primeros 100 días al frente de la compañía. Frente a 200 periodistas de diversos lugares del mundo, Galuccio planteó metas ambiciosas y también algunos de los acuerdos alcanzados. En esos cinco años, se proyectan inversiones del orden de 37.200 millones de dólares y se espera elevar en un 32% la producción de gas y un 37% la de naftas y gasoil. Al amparo de esas cifras, YPF piensa recuperar muchas áreas, integrar a la compañía tareas que están tercerizadas y hacer mucho más competitiva a la empresa. Esto es, creación de nuevos puestos de trabajo e incorporación plena de sectores que hoy están afiliados al gremio de la construcción, por caso.

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