El despacho final especifica que “toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, consultar y recibir información completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita de los Organismos de la Administración Pública Provincial Centralizada, Descentralizada y Sociedades del Estado”.

 

El proyecto aclara que los organismos estatales podrán exceptuarse de proveer la información cuando esté expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior o relativa a secretos bancarios o tributarios, industriales, comerciales, financieros, científicos y tecnológicos.

 

La idea de la iniciativa es que “las personas puedan estar en pleno conocimiento de las acciones y propósitos del accionar público, afecte o no en forma directa sus intereses personales”, según el texto.

 

Mirta Díaz refirió que, si la iniciativa progresa en el Senado, “cualquier ciudadano mendocino podrá solicitar información al Estado, a los organismo autárquicos y a los municipios información que considere necesaria”.

 

“Nada de lo que es público debe ser secreto” sentenció la diputada y agregó que el Estado tiene la obligación de informar sobre sus acciones para que los ciudadanos puedan controlarlo.

 

Por su parte, Luis Petri expresó que el sistema republicano se basa en la publicidad en los actos de gobierno y agregó es necesario que “no dependa de la discrecionalidad de un funcionario, sino que la información pública esté por regla a disposición de las personas que residan en Mendoza”.

 

“La información es a la democracia lo que la soberanía a los pueblos”, argumentó el diputado.

 

 

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