Denuncian nuevas maniobras oscuras de Calcaterra

En este tercer informe, damos cuenta de una derivación en el caso de las tierras presuntamente apropiadas en el Valle de Uco

En dos informes anteriores, documentamos lo que el clan Calcaterra ha hecho en el Valle de Uco. Se trata de una abultada inversión en un campo adquirido mediante una presunta apropiación ilícita, según denuncian quienes aseguran ser sus propietarios y que el fuero Civil de Tunuyán investiga.

El lugar se ha constituido en el epicentro de una millonaria producción de papas, cuyo envasado se lleva a cabo en un flamante establecimiento industrial ubicado en el corredor internacional a Chile, al que el Gobierno provincial ha beneficiado con un jugoso bono fiscal de $60 millones.

Ahora el tema se agravó, y se ha transformado en una demanda por “falsificación, maniobras fraudulentas y adulteración de documentos”. Estos últimos son detectables en la confección de planos que posee la Dirección de Catastro y no coinciden, según denuncian familiares de María Mercedes González, propietaria de 800 hectáreas del terreno que hoy ocuparía Calcaterra en forma irregular.

En el primer informe, El Ciudadano pudo interiorizarse del tema, donde se destaca que la ambiciosa mirada del gran negocio de los Calcaterra se instaló en 2010 en un predio de 5.800 hectáreas del campo Los Alamitos, ubicado en el distrito Pareditas, en San Carlos.

En ese momento, el terreno pertenecía a los descendientes de Bruno Villegas, primer intendente de ese departamento. Precisamente uno de ellos es María Mercedes González de Villegas.

Toman más hectáreas y perforan pozos clandestinos

Familiares de la señora González, en coincidencia con agricultores de la zona, están preocupados y molestos a la vez por la lentitud de la Justicia y la ausencia de organismos, como el Departamento General de Irrigación, que comprobó la apertura de pozos cuando se sabe que esto no está autorizado por el gobierno del agua en la provincia.

Uno de los testimonios a los que se acceder es el que brindó un pequeño productor de la zona de Paso de las Carretas (San Carlos) Tomás Higinio Alcaya, quien aseguró que “lo que sucede con la familia González Villegas es conocido por todos aquí. Lamentablemente nadie hace nada. Somos personas que lo único que sabemos es trabajar la tierra y ganar la vida de nuestras familias dignamente. Esta gente (Calcaterra) vino un día, vio que aquí tenemos tierra valiosa y comenzó a montar su producción en Los Alamitos. Antes, compraron en forma engañosa 1.565 hectáreas, y en vez de encerrar eso, alambraron las 5.800 hectáreas, donde quedaron encerradas las 800 hectáreas de los descendientes de doña María (González Villegas). Después de eso, nadie pudo entrar a ese lugar”.

Tomás Higinio Alcaya, uno de los productores que dio testimonio.

En otro tramo de la charla, el agricultor confirma lo que en el primer informe reflejó nuestro diario: que la maniobra de Calcaterra se basó en ir con algunos herederos del campo y realizar cinco operaciones de 313 hectáreas con cifras que no superaron los $240 mil. Un monto insignificante si se tiene en cuenta lo que expresó Alcaya, que esa zona del Valle de Uco es muy rica y, obviamente, cotizada, por lo que una hectárea hoy por hoy está entre US$ 10 mil y US$ 15 mil.

En consecuencia, las 800 hectáreas en litigio tendrían un valor de por lo menos US$ 8 millones. Una cifra que, seguramente, será mucho mayor con la actual cotización de la moneda norteamericana.
Acerca de la producción y el riego de la propiedad, el productor de San Carlos respondió: “Tengo entendido que es uno de los pocos lugares de toda la provincia donde la tierra es muy buena. Aquí nosotros producimos todo de mucha calidad. En el lugar donde se han puesto ellos (Calcaterra) se siembra abono orgánico, para que se dé cuenta del valor de nuestra tierra”.

“Allí solo existía una hijuela natural, ahora tienen pozos que ellos abrieron. Irrigación no ha dado permisos últimamente en la zona, sin embargo, ellos los tienen. Todos sospechamos que los primeros fueron abiertos por acuerdos que Calcaterra habría hecho con una persona muy cuestionada en esta zona y que estuvo en Irrigación, Jorge Villalón. Estos pozos clandestinos los están utilizando para regar más de 150 hectáreas plantadas con papas”, concluyó Alcaya.

Por su parte, los familiares de María González le expresaron a nuestro diario que han tenido que cambiar nuevamente de abogado y dicen tener “mala suerte” con los profesionales que los asistieron.

Se los nota muy decepcionados con la Justicia y con los organismos que ellos consideran que deberían actuar. El nuevo profesional se llama Gustavo Becerra, quien estaría enviando nuevas cartas documento a los protagonistas de un hecho sobre el que todavía no hay respuesta judicial.

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