El ex ministro kirchnerista ya está procesado en cuatro causas, pero puede sumar otros tres procesamientos en los próximos meses

El pronóstico judicial de Julio De Vido comienza a nublarse. Al pedido de desafuero y su posterior detención requerida por el fiscal Carlos Stornelli se le agregan nuevos obstáculos que el ex ministro kirchnerista deberá enfrentar en las próximas semanas por otras causas, desenlaces que podrían ocurrir en medio de la campaña electoral.

Horas después del pedido de detención, el juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer la indagatoria de 251 empresarios del transporte automotor -la mayoría, dueños de empresas de colectivos- acusados de formar parte de una maniobra dirigida por el diputado para desviar subsidios al transporte.

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Según indica el diario La Nación, la indagatoria de los empresarios beneficiados con millonarios subsidios durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación fue interpretada por los investigadores como un paso al frente.

De Vido ya fue indagado hace dos semanas por Bonadio en esa causa, acusado de haber incurrido en irregularidades en el pago de subsidios al gasoil para los colectivos urbanos, así como en la falta de control de dichos fondos.

Para acelerar los tiempos, el juez decidió ayer la apertura de “una nueva causa” para continuar con la investigación sobre los empresarios del transporte y, al mismo tiempo, “no entorpecer el avance de la imputación efectuada contra los funcionarios”, escribió el magistrado.

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Las indagatorias de los empresarios culminarán a fines de septiembre, mientras que los funcionarios kirchneristas -que ya declararon- esperan una resolución procesal.

No es la única decisión que puede comprometer a De Vido: ya está procesado en cuatro causas, pero puede sumar otros tres procesamientos en los próximos meses.

A la espera de la resolución del juez Luis Rodríguez, el pedido para su desafuero y posterior detención, a De Vido le espera un calendario judicial cargado.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 de la Capital resolvió la semana pasada conceder la última prórroga a las partes -que vence el 21 de julio- para ofrecer pruebas antes de fijar fecha del juicio oral del ex funcionario en el caso que investiga su responsabilidad en la tragedia de Once, el caso que más le preocupa a la defensa del ex ministro.

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El temor de sus abogados es que el TOF elija que el juicio por Once se concrete en septiembre u octubre, en plena campaña electoral.

“Vamos a tener un año muy duro porque el Gobierno puso a la corrupción en la agenda de campaña. Está claro que lo eligieron como un chivo expiatorio”, se defendieron.

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