Este jueves, la sala I de la Cámara Federal de la Casación Penal resolvió reabrir, por unanimidad, la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios del gobierno nacional por presunto encubrimiento en la causa AMIA.
Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky entendieron que las previas resoluciones de Rafecas y de la Cámara Federal en las que se rechazó reabrir el expediente fueron “prematuras y arbitrarias”.
De acuerdo a Hornos, “la maniobra denunciada ameritaba, por parte de los órganos jurisdiccionales intervinientes, un tratamiento más profundo de las cuestiones que habían sido planteadas para la reactivación de las actuaciones”. Además, señaló que la investigación era un “reclamo” de la sociedad e inclusive, hubiese “beneficiado” a los denunciados.
Al respecto, consideró: “Las insistencias de la sociedad y la imposibilidad de confrontar las diversas cuestiones controvertidas en el expediente que ya lleva aproximadamente dos años de inicio sin que se diera la posibilidad a los acusadores de tratar de demostrar su hipótesis del caso, para así arribar a una respuesta concluyente –en uno u otro sentido– podrían incluso ir en detrimento de la imagen pública de quienes fueron los altos funcionarios de la República”.
Por su parte, Borinsky aseveró que “para que con anterioridad a efectuar una investigación se desestime la denuncia interpuesta, no puede quedar resquicio de duda, discusión jurídica o prueba pendiente de producción”. También dijo que, en su opinión, Rafecas y la Cámara “analizaron de manera parcializada las constancias de la causa, e impidieron producir las medidas propuestas por el representante del Ministerio Público Fiscal que podrían aportar elementos a la pesquisa, que abonaran o descartaran la denuncia del Fiscal Federal”.
“Se afirmó que no hay ningún delito porque lo denunciado no supera los actos preparatorios, sin explicar cuándo se produce dicha transición respecto de cada una de las figuras penales invocadas en la denuncia y cualquier otra que resultare aplicable”, afirmó Borinsky.
También sostuvo que Rafecas voloró las presentaciones que hizo en la causa la entonces procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, cuando no correspondía que lo haga porque no era el momento del proceso para hacerlo.
Los dos, a su vez, rechazaron la postura del juez Rafecas de que el delito denunciado (el encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado) nunca comenzó a ejecutarse.
Otra de las que votó en favor de la apertura del expediente fue Ana Figueroa, que antes había sido una de las principales artífices de las maniobras para intentar frenar el avance de la denuncia. No obstante, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a los medios de comunicación en su descargo.
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