¿Cuáles son las consecuencias de habilitar a la policía a que pida documento sin motivo de sospecha?

En una entrevista exclusiva para Política Argentina, Manuel Trufó, investigador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó cuáles son las consecuencias de habilitar a la policía a que pida documentos sin motivo de sospecha.

En primer lugar señala que se “habilita a las fuerzas de seguridad a exigir que las personas lleven el documento y en el fallo no queda claro que pasa con quien no tiene documento”. En este sentido enfatiza que de esta manera “esas decisiones las va a ir tomando la propia policía”.

“Cuando a la policía no se la regula claramente y no se le dice exactamente qué es lo que puede o no puede hacer, sino que se le dejan zonas grises, es la propia policía la que decide que hace y que deja de hacer. Ese es el principal problema del fallo”, expresa.

Por otro lado Trufó explica que “esto sin duda refuerza la estigmatización porque sabemos que los criterios por los cuales la policía detiene a personas son criterios discriminadores, por el color de la piel, por la forma de vestirse”. Además añade: “Los controles de personas al azar en la vía pública no son tan al azar. Hay criterios que orientan esas acciones judiciales y para nosotros ese tipo de fallos refuerzan el contenido estigmatizador de las fuerzas policiales”.

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También explica que desde el CELS consideran que es un mensaje negativo en términos de cómo tienen que ser las políticas de seguridad, por lo que sostiene que de lo dispuesto por la Corte ”se desprende que la prevención del delito tiene que ver con parar personas en la calle”.

“Para nosotros es la política de seguridad más precaria. Sacar toda la policía a la calle para ver si encuentran a alguien con antecedentes, es muy problemático”, expresa y explica que el objetivo de formas de prevenir el delito deberían ser a través de la “prevención social o situacional”.

A través del fallo dispuesto por el máximo tribunal de la Ciudad la discusión respecto a las políticas de seguridad se retrotrae a mediados de la década del 90, tal como señala el investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia del CELS. “Si bien la cuestión de la discrecionalidad policial sigue existiendo, esos márgenes se fueron achicando y controlando. Esto es como un retroceso en ese sentido”, sostiene.

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“El fallo deja abierto a que sea la policía la que decida qué pasa. Es depende cada caso, depende del policía que te toque. Termina habiendo interpretaciones por usos y costumbres de la propia fuerza que no están en ninguna ley”, concluye.

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