El diputado del Partido Justicialista, Lucas Ilardo, presentó un pedido de informe en la Legislatura para que se detallen las viviendas que se construyeron durante la gestión de Cambiemos. La oposición asegura que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) “ya no funciona como un organismo social”.

“Hemos presentado un pedido de informe, se va a confirmar algo que es realmente grave, y es que en los dos años que llevan de Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo y el IPV no ha gestionado una sola vivienda para la provincia de Mendoza”, señaló Ilardo.

El pedido de informes busca determinar que dentro de estas viviendas adjudicadas, licitadas y programadas en el Gobierno anterior se encuentran todas las que el gobernador Cornejo ha publicitado como propias, por lo tanto señalan que es factible afirmar, como detalló Ilardo, que “desde diciembre del 2015, la gestión de Cambiemos no ha gestionado ninguna vivienda, en ningún aspecto”.

Entre los argumentos del pedido de informes se detalla que el IPV ha dejado de existir como “organizador social”. Desde que se eliminó el PROMEBA, y relacionado con este nuevo esquema de participación público-privada, señalan que a lo único que se limita el IPV es a ser un “mero intermediario”, entre las personas que pueden acceder a un crédito UVA, los bancos y las empresas privadas.

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“Son todas viviendas gestionadas, licitadas y ya firmados convenios que se hicieron en el gobierno anterior. Por eso hemos solicitado un informe al IPV para que nos envié el listado de todas las viviendas que quedaron adjudicadas, licitadas, contratadas o bien los proyectos presentados a la Nación sin objeciones hasta el 10 de diciembre del 2015. Eso va a confirmar que el titular del IPV no ha gestionado una sola vivienda, algo que es realmente grave”, expresó el legislador.

En este sentido, se pide información al IPV sobre la mecánica que incluye la “relicitación” de viviendas ya licitadas y adjudicadas a valores mayores, adjudicándolas además a las mismas empresas. Para explicar esto, Ilardo señaló: “La empresa al contratar, presupuesta el valor de construcción de la vivienda, con una “redeterminación”, que se utiliza para actualizar por inflación ese precio, por lo cual el precio original va variando según ese parámetro. En este caso, el gobierno de Cambiemos en vez de mantener ese mecanismo, volvió a licitar y adjudicó las obras a las mismas empresas, a un valor mucho mayor que si se aplicada la redeterminación de precios, beneficiando claramente a los privados”.

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La intención del pedido de informes es que el IPV explique esta metodología ya que consideran que no hay argumentación sobre el porqué de esta decisión.

Las respuestas del IPV

En tanto que el titular del IPV, Damián Salamone, dijo que se dedicaron el primer tiempo a reordenar las obras y a pagar las deudas: “Encontramos a un IPV prácticamente con todas las obras paralizadas, no nos olvidemos que de 4.600 viviendas que tenían 4.095 certificaban menos de lo que decían los planes de trabajo. Certificaban entre un 0 y un 1,5% mensual”.

“El gran trabajo que hicimos fue pagar toda la deuda que teníamos, hasta el día de hoy producto de esa mala administración estamos pagando gastos operativos. Lo primero que hicimos es reordenar y pactar obra por obra, plan de trabajo para poder sanear todas esas obras”, agregó el titular del IPV.

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“De esas viviendas ya hemos entregado 2.057, obviamente antes de comenzar una vivienda tenemos que sanear la situación que era bastante grave, con todas las obras paralizadas, barrios sin gente, sin seguridad, muchos de ellos se usurparon.

Según aseguró el funcionario, tendrán 3.900 viviendas en ejecución en 2 meses. “Hemos arrancado con 689 viviendas en agosto, ya firmamos contrato por 10 barrios más en 427 viviendas, llamamos a licitación para las obras de interés provincial, 35 viviendas del metrotravía urbano. Es decir que vamos a tener un stock de 3.900 viviendas en dos meses, sumada a las nuevas y las que tenemos en ejecución y eso es bueno porque no solo tenemos gran cantidad de viviendas sino que las tenemos al día pagando los 30 días, se les debe 0 pesos a toda las obras de la provincia”.

“Nos sorprende de sobremanera el pedido de informe porque no hace otra cosa que traer a la luz la situación en que estábamos hace 2 años atrás comparada con la de hoy”, respondió Salamone.

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