Lo admitió la propia ex presidente ayer en el despacho del juez Claudio Bonadio, en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Cristina Kirchner aseguró que en la actualidad vive de su pensión como ex jefa de Estado y como ”viuda de un ex presidente”, de acuerdo al acta judicial labrada tras su indagatoria.

Según constató Infobae de fuentes oficiales, Cristina Kirchner empezó a cobrar en febrero la pensión no contributiva que le corresponde de acuerdo a la legislación vigente, una suma mensual que en la actualidad asciende a casi 130.000 pesos. Se trata de la Asignación Mensual Vitalicia para ex presidentes que en el caso de la ex mandataria embolsa por duplicado. A fines del 2010, según publicó en su momento el diario La Nación, había obtenido la pensión que le correspondía a Néstor Kirchner, fallecido en octubre de ese año, y que ella percibe como ”viuda”, como le aclaró ayer a Bonadio. En total, recibe unos $260.000 mensuales.

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Cristina Kirchner empezó a tramitar su pensión –que de acuerdo a las distintas normativas abarca desde ex presidentes y vicepresidentes hasta madres y personas con incapacidades laborales- antes de terminar su mandato, en diciembre del año pasado, ante la Comisión de Pensiones Asistenciales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social nacional. Designó como apoderada para presentar la documentación a la abogada Romina Mercado, una de las hijas de Alicia Kirchner, a cargo de dicho ministerio hasta hace cinco meses.

Cristina Kirchner percibe $260 mil mensuales por su pensión y la de su ex esposo

Distinto es el caso de Amado Boudou, que por ser vicepresidente también le corresponde una pensión no contributiva. Hace unas semanas, desde la oficina encargada del trámite le enviaron al ex funcionario una notificación al domicilio registrado por él en el barrio porteño de Puerto Madero porque le faltaba entregar documentación. Flojo de papeles. El documento volvió rebotado: nadie lo recibió. Se lo enviaron al domicilio de su apoderado.

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”No queremos quedar como que nosotros le estamos trabando el trámite de pensión”, explicaron las fuentes estatales al tanto de la situación. El ex vicepresidente, procesado a la espera de la elevación a juicio oral del caso Ciccone, investigado por enriquecimiento ilícito y por diversas causas judiciales, todavía no puede cobrar su pensión por sus propias desprolijidades en la presentación de los papeles. Consultados por este medio, en su entorno dijeron desconocer el tema. En marzo, Infobae publicó que el Gobierno había resuelto dar de baja el contrato que aún mantenía con la ANSES, por el que había pedido licencia sin goce de sueldo.

Más atrás hay otros casos de pensionados que pasaron por cargos de peso en la función pública con diversa suerte. Si bien es una obligación del Estado, Julio Cobos, por ejemplo, tuvo congelada su pensión durante más de un año pero no por problemas en la presentación de documentos sino por ”cuestiones políticas”, según explicaron sus voceros. Misma suerte habría corrido Adolfo Rodríguez Saá.

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Luego de ofrecer todos sus documentos, el Estado le trabó a Cobos el pago durante más de un año: recién empezó a cobrar la asignación en marzo del 2013, más de un año después de terminar su mandato como vicepresidente: le depositaron el retroactivo, de alrededor de 1 millón de pesos.

Según su entorno, Cobos donó la totalidad de su sueldo cuando asumió en la banca de diputados, tras las legislativas del 2013, a entidades comunitarias, y haría lo propio con lo que percibe por su cargo en la Cámara alta. Solo vive de su pensión, según sus voceros.

El caso de la familia Alfonsín es similar: Ricardo Alfonsín dona a una ONG la mitad de la pensión no contributiva que recibe por su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín.

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