Argentina ha cruzado un nuevo y peligroso límite: la criminalización de la política monetaria. La “mesa” del BCRA se ha convertido en un campo de batalla de la política. Allí el actual presidente de la Nación, una ex – presidente, legisladores, ministros, ex ministros, fiscales y jueces (militantes y de los otros), se encuentran inmersos en una batalla política que usa el derecho penal como arma convencional.
La Justicia procesó hace unas semanas a Cristina Fernández de Kirchner, al ex presidente del BCRA Vanoli y al ex ministro de Economía Kicillof, por la venta de dólar futuro, a partir de una denuncia penal presentada por diputados de Cambiemos. Recientemente una fiscal dio impulso a un proceso penal contra el Presidente Macri, el presidente del BCRA Sturzenegger y el ministro de economía Prat Gay, por la emisión de Lebacs y otros bonos, a partir de una (contra) denuncia presentada por diputados kirneristas.
El argumento central de ambas denuncias es que el BCRA usó sus herramientas para influir y modificar una variable económica clave: la cotización del dólar. Eso es precisamente lo que hacen los bancos centrales: influir en las variables económicas, tales como tipo de cambio, tasa de interés y oferta monetaria. Las decisiones de políticas económicas, per se, no son judicializables.
De lo contrario, al cierre de los mercados cada día la justicia debería evaluar las operaciones realizadas por el BCRA y decidir si procesa o no a sus funcionarios. También deberían analizar si procesar al que actuó como contraparte de la operación. Es un sinsentido que no registra antecedentes, ni siquiera en Argentina. Esto sin perjuicio que los funcionarios deben responder a la justicia si actúan al margen de la ley, o de que ciertas decisiones sean desacertadas desde una visión técnica.
Cuando parecía que todas las aberraciones posibles en materia monetaria ya se habían ensayadas en Argentina, la clase dirigente sorprende con esta nueva jugada: usar el ámbito de la política monetaria y la justicia penal, para dirimir cuestiones políticas partidarias. Pareciera que nada se ha aprendido de dos hiperinflaciones, de la destrucción monetaria reflejada en los 13 ceros que perdió el peso, ni de la última década de alta inflación que aún castiga a los argentinos.
Solo una definición contundente de la Justicia puede corregir esta situación y poner fin a este peligroso “juego”. Debería quedar claro que las decisiones de política monetaria no son materia de revisión judicial. De lo contrario será cada vez más difícil volver a contar con una moneda estable y que se generen condiciones favorables para la inversión y desarrollo.
* Doctor en Economía, ex director del BCRA

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