Así, en 20 instituciones de este tipo que se crearán serán atendidos 1.038 niños, con el aporte de los gobiernos nacional, provincial y municipales, sindicatos y empresas.

 

Los organismos que intervienen en la campaña son los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, y la Dirección General de Escuelas de la Provincia, municipios, sectores privados y gremios.

Firmaron los acuerdos los intendentes de Maipú, Olga Bianchinelli; de Tupungato, Joaquín Rodríguez; de Santa Rosa, Sergio Salgado; de Tunuyán, Edgardo Giner; de San Carlos, Jorge Difonso, y de Luján de Cuyo, Omar Parisi.

La Dirección Provincial de Empleo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, será el ente ejecutor de esta iniciativa, que como objetivo contener a hijos de hasta 14 años de trabajadores rurales, garantizando la infraestructura y el transporte adecuados. De esta manera, se busca es la prevención y la erradicación del trabajo infantil y la protección de los derechos de las familias migrantes.

El proyecto tiene como destinatarios a niños y niñas de distintas zonas agrícolas de Tunuyán, Tupungato, San Martín, San Carlos, Maipú, San Rafael, Luján y Santa Rosa.

En la firma estuvieron presentes, además de Jaque, el ministro de Gobierno, Mario Adaro; el director general de Escuelas, Carlos López Puelles; el gerente de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, Diego Pettignano, y el director regional Cuyo de esta cartera, Miguel Cerutti.

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Pettignano dijo al respecto que la lucha contra el trabajo infantil es un problema complejo y que debe ser abordado por todos: gobiernos nacional, provinciales y municipales, empresas y sindicatos. Agregó que la puesta en marcha de esta iniciativa de crear centros socioeducativos para contener a los hijos de trabajadores rurales compromete al Ministerio de Trabajo de la Nación a trabajar con la Provincia para que no haya ni un solo niño trabajando.

Por su parte, Adaro expresó: “Tenemos la responsabilidad de sacar a los chicos del trabajo; ellos deben estar con su familia, en la escuela, en una guardería o en un centro deportivo. Lo que estamos haciendo es respetar la etapa de evolución de cada niño. Asumimos en una provincia con uno de los mayores índices de trabajo infantil y esto nos dolía. En dos años hemos logrado hacer un gran salto para Mendoza. Estamos marcando un camino importante en una provincia que quiere tener trabajadores y niños con derechos”.

Posteriormente, Jaque señaló: “Es importante saber que el futuro de nuestros niños y jóvenes depende del presente que les brindemos hoy. Esta provincia se ha construido desde el esfuerzo y el trabajo. El trabajo dignifica, pero también hay tiempos para capacitarse, y tiempos para disfrutar de la niñez y prepararse para la vida”.

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El gobernador afirmó luego: “Estamos trabajando para tratar de que Mendoza no tenga los índices de menores trabajando que generaban dolor y vergüenza”.

Antecedentes de la problemática

La eclosión de los grandes centros urbanos ha traído como consecuencia un marcado éxodo de trabajadores dedicados a tareas rurales, en migraciones internas, que ha atentado muchas veces con la continuidad de sus trabajos.

Nuestra provincia no es ajena a este fenómeno, ya que necesita para su época de cosecha la presencia de mano de obra de otras provincias y de países limítrofes. En muchos casos, estos trabajadores llegan con sus familias y, a través de la tarea fiscalizadora de la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, se ha podido detectar trabajo infantil en estos contextos.

Así, el trabajo infantil tiene una relación muy fuerte con la ruralidad y la cultura imperante, que va desde quienes comprenden la importancia de que los niños y adolescentes no deben asumir tareas que no les son propias para su edad, hasta posiciones que fundamentan la legitimidad y el beneficio de que los niños desarrollen estas actividades como parte de su formación.

La problemática del trabajo infantil es, entonces, un fenómeno multicausal que produce consecuencias difíciles de resolver si no se la aborda de manera integral. Para esto se debe contar con políticas claras destinadas a promover y proteger los derechos de niños/ñas, adolescentes hijos de trabajadores rurales.

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En este marco, una gran parte de la economía regional depende de la actividad agrícola para su funcionamiento y las diversas actividades económicas les deben su desarrollo a esta mano de obra, por lo que el Estado, junto a los sindicatos y los empresarios del sector, debe brindarles protección a esos trabajadores y sus familias.

Alta presencia de niños migrantes

Ante la compleja problemática del trabajo infantil, es necesario articular con los diversos actores involucrados (gubernamentales y no gubernamentales) distintas acciones tendientes a solucionar las dificultades planteadas.

En relación con el trabajo rural migrante, se puede estimar, a partir de un relevamiento realizado por los equipos técnicos del Ministerio de Trabajo y de la Dirección de Empleo, que a Mendoza ingresan aproximadamente entre 25.000 y 30.000 trabajadores y trabajadoras, los cuales en su mayoría llegan acompañados de sus familias, lo que significa una alta presencia de niños y niñas.

En síntesis, la creación de los centros socioeducativos beneficiará a los trabajadores rurales y sus familias, y representará un gran avance en la puesta en marcha del principio de articulación multiactoral para el diseño y la implementación de una política contra la ocupación de la mano de obra infantil y adolescente no registrada.

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