Una semana después de que salieron a la luz las objeciones de la fiscal Gabriela Boquin, al acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, la empresa se presentó ante la Justicia para defender su actuación, negar irregularidades y cruzar en duros términos a la funcionaria del Ministerio Público.
En un escrito firmado por el presidente y uno de los abogados del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, la empresa planteó que Boquin incurrió en numerosas “inexactitudes”, barajó cifras sobre el supuesto perjuicio fiscal de un modo “llamativo y espurio” y arribó a “conclusiones erróneas” con, afirmaron, notoria “liviandad”.
“La señora fiscal no puede ignorar que: (i) ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; (ii) que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna, y (iii) que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos”, afirmaron.
Según indica el diario La Nación, el Correo fijó así su posición ante los dictámenes que la fiscalía presentó en el expediente del concurso de la compañía, en rechazo del acuerdo que la empresa del Grupo Macri selló con el Ministerio de Comunicaciones, pero que ahora debe ser evaluado por la Cámara de Apelaciones.
En esos dictámenes, Boquin estimó que el eventual acuerdo resultaba “abusivo” y que en realidad implicaba una “condonación de deuda” y “más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago”, ya que tras 16 años de concurso ofrecía una tasa de 7% en pagos hasta 2033 en un contexto inflacionario.
Para el Correo, sin embargo, “la propuesta no es abusiva ni implica una condonación de ningún tipo”, afirmaron, al tiempo que “alcanza al 100% del crédito del Estado nacional en términos nominales más un 7% de interés”.
En esa línea, la fiscal también acusó al Correo de actuar con “mala fe procesal”, ya que al mismo tiempo que acordaba con el Gobierno pagarle lo adeudado le había iniciado una demanda para el pago al contado de sus acreencias y con una tasa del 11% de interés sobre el tiempo ya transcurrido.
Para la empresa del Grupo Macri, sin embargo, el transcurso del tiempo benefició al Estado más que perjudicarlo, ya que afirmaron que fue “el único que se ha aprovechado del paso del tiempo, usufructuando sin cortapizas [sic] todos los activos de la concursada, espúreamente [sic] apropiados sin jamás pagar un peso por ellos”.
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