Desde hace años un grupo de gobernadores reclama para recibir más coparticipación. Pero hasta ahora el presidente Mauricio Macri solo respondió al pedido de uno de esos distritos: la Ciudad de Buenos Aires, su ”cuna” política.
Esta semana, a través de un decreto, Macri dispuso un aumento del 168% de los ingresos que recibe la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal, ”en aras de asegurar su desenvolvimiento fiscal y patrimonial”, según explicó.
El aumento se otorgó una semana después de que Macri anulara el Decreto que le devolvía a las provincias la porción de coparticipación que se retiene para la ANSES y que motivó reclamos judiciales de Córdoba y Santa Fe.
En medio de la crisis económica la medida –tal como se preveía- generó ruido y encendió la primera chispa entre la Rosada y el Gobierno mendocino, por tratarse de recursos provinciales, tema sensible si los hay. Cornejo, que hasta ahora se ha mostrado moderado respecto al tema, no obstante, se esperanza con que este hecho pueda precipitar la negociación de recursos con el resto de las provincias.
Durante muchos años, Mendoza consintió –por acción u omisión- un manejo desventajoso de la coparticipación. Desde la asunción de Alfredo Cornejo, el Gobierno provincial ha mantenido las formas con su aliado Macri y evitan cuestionarlo.
En ese sentido, aseguran que la decisión del Presidente no perjudica a Mendoza ni a las otras provincias porque el aumento se otorga con recursos nacionales y no quitándole dinero al resto. Pero, por las dudas, levantan la guardia y se disponen a espetar un reclamo más enérgico, si fuera necesario.
En rigor, el decreto de Macri no le quita recursos a ninguna provincia. La Ley 23.548, sancionada en 1988, determina que la Nación solventa con parte de la recaudación no coparticipable (es decir, que no se reparte entre las jurisdicciones) el dinero que corresponde a la Capital. Es decir, no computa para la suma de la masa de recursos que sí se divide entre el resto de los distritos. Aunque, en los hechos, termina licuándose el coeficiente de las otras jurisdicciones.
Por ahora, desde el Ejecutivo Provincial aseguraron que Mendoza no tiene pensado un reclamo para tener un beneficio similar al de Buenos Aires. Sin embargo sí oficializó el pedido para que se deje de descontar la porción de coparticipación que se desvía a la ANSES, aprovechando el fallo favorable a las provincias que reclamaron.
El Presidente apenas asumió recibió a todos los gobernadores en Olivos y prometió avanzar en un debate para consensuar una reforma de la ley de coparticipación. Se trata de una misión compleja, ya que necesita del acuerdo de las 24 jurisdicciones y nadie está dispuesto a ceder ni un céntimo de su porción de la torta.
A cambio, los caciques suavizaron su pretensión de accionar en masa ante la Justicia y plantear una disputa descarnada por el decreto de Macri que da marcha atrás con la devolución del 15% de recursos coparticipables que se descontaba a las provincias luego de un fallo de la Corte que beneficia a Córdoba, Santa Fe y San Luis. La extensión de ese beneficio había sido una ”bomba” activada por la ex presidenta pocos días antes de abandonar el poder.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) viene advirtiendo sobre la necesidad de una ”renovación integral” del sistema de reparto al sostener que provoca ”distorsiones y disparidades” en el reparto de fondos a las provincias.
El IARAF sostuvo que el actual esquema de coparticipación ”adolece en la práctica de un orden esquemático, constituyendo un complejo esquema de transferencias que da lugar a importantes distorsiones y disparidades”.
En un comunicado, la entidad expresó que el sistema no necesita solo una reforma ”sino de un nuevo marco regulatorio integral para la generación y reparto intergubernamental de los recursos, para que la misma gane en eficiencia, equidad y transparencia”.
Solo la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires tienen menos recursos por habitante. Ahora con mucha menos diferencia.
El problema es que para modificar el régimen hace falta tener un acuerdo unánime de las provincias.
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