Después de varios intentos fallidos, el parlamento uruguayo despenalizó el aborto, convirtiéndose así en la segunda nación de América Latina, junto a Cuba, en la que esta práctica será legal.

La ley aprobada ayer establece que la interrupción del embarazo no será penalizada si se realiza antes de las 12 semanas de gravidez, pero para acceder a la práctica la mujer deberá cumplir una serie de requisitos, como acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud para que un equipo interdisciplinario evalúe la situación.

La senadora por el Frente Amplio Mónica Xavier, una de las impulsoras del proyecto de despenalización del aborto le dijo a INFOnews que ”es una gran satisfacción la aprobación de esta ley, porque es un avance histórico, pero la lucha continúa porque las mujeres tenemos que lograr la autonomía definitiva sobre nuestros cuerpos”.

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Para la senadora era ”mas que importante” terminar con una ley que databa de 1938 y en la que se marcaba que el aborto era delito en cualquier hipótesis. ”De ese modo, lo único que se logró durante décadas fue dejar a la mujer en un sistema clandestino, hoy después de tanta lucha podemos decir que esto se terminó.

Apenas se conoció la noticia muchos se preguntaron si esto no haría que mujeres argentinas viajaran a Uruguay para realizarse un aborto. ”De ninguna manera”, afirmó Xavier. ”Para alguien que no es del país y quiera practicarse un aborto aquí la ley indica que deberá tener un tiempo comprobado de residencia, esto es para no favorecer lo que podría denominarse ‘turismo abortivo”’.

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Para la ex diputada Vilma Ibarra, histórica luchadora de la causa en Argentina le dijo a INFOnews que ”lo de Uruguay es un gran avance que fortalecerá la lucha que venimos llevando a cabo en nuestro país”.

Ibarra sostuvo que ”es una deuda de la democracia con millones de mujeres porque el aborto es un problema de salud pública y el Gobierno ya no puede mirar para otro lado y es desde allí donde se debe impulsar la ley”.

Hace dos años, la Organización de Naciones Unidas instó al gobierno a garantizar la aplicación de la guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles y le pidió que revise la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo.

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Pero a mediados de marzo el ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó que la despenalización del aborto no está en la agenda del Ejecutivo. Sin embargo, ayer tanto el senador Miguel Ángel Pichetto como Aníbal Fernández sostuvieron que debía darse un debate para regular a nivel nacional la interrupción de los embarazos que se encuentra dentro de la ley, como es el caso de violaciones o cuando corre riesgo la vida de la madre.

En Argentina se hacen entre 500 y 700 mil abortos por año. Las principales muertes ocurren entre las mujeres pobres, que no tienen recursos para pagar un aborto seguro.

A partir de hoy los vientos del Río de la Plata soplan a favor, quizás en lo que resta de este 2012 esta situación empiece a revertirse.

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