Entre los numerosos artículos que contiene el Código Procesal Penal aprobado ayer por el Congreso, hay uno que está en el centro de la polémica: es el 35, el que regula sobre la suspensión del juicio a prueba de los extranjeros que cometan un delito.

Tras las críticas recibidas en las audiencias públicas desarrolladas en el Senado, se modificó la redacción original del artículo, que quedó de la siguiente manera: en el caso de que una persona extranjera “haya sido sorprendida en flagrancia de un delito (…) que prevea pena privativa de libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión”, podrá optar por la suspensión del juicio. Pero “la aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de reingreso que no puede ser inferior a cinco años ni mayor de quince”.

Un grupo de 53 organizaciones de derechos humanos, entre las que se destacan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, enviaron una carta a la Cámara de Diputados para solicitarles a los legisladores que eliminen directamente ese artículo.

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En un texto que se difundió ayer antes de la votación, afirmaron: “Como instituciones de la sociedad civil y centros de estudio comprometidos desde hace muchos años con la defensa de los migrantes, vemos con desazón que está por aprobarse un nuevo Código Procesal Penal que favorece la expulsión de extranjeros y endurece las sanciones vigentes en la actualidad, aumentando la vulnerabilidad de los y las migrantes”.

Las críticas estuvieron centradas en el punto mencionado. “En especial, el artículo 35 regula el instituto de la probation, que implica que una persona migrante que se supone habría cometido un delito leve (es decir aquellos hechos cuyas penas tengan un mínimo legal que no supere los 3 años) pueda acceder a una medida alternativa a la prisión. La probation o suspensión del juicio a prueba se vincula con la necesidad de generar un cambio en la conducta de las personas a través de tareas comunitarias en hospitales, organizaciones con fines públicos, etc. Sin embargo, ante la sanción del nuevo Código los y las migrantes en situación irregular, quedarán ante la disyuntiva de someterse a juicio o regresar a su país; significando esto una suerte de destierro por una falta menor, impidiendo la realización del fin de la probation como alternativa a la pena e impidiendo la posibilidad de que la persona repare su conducta con una tarea en pos de la comunidad”, apuntaron.

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Las organizaciones en defensa de los migrantes se refirieron a la que creen que será la consecuencia más visible de esta modificación en la legislación. “Esta reforma nos preocupa porque las principales víctimas de esta política criminal serán los y las migrantes más pobres, como también los que no pueden acceder a una residencia regular porque todavía no se han eliminado todas las barreras y trabas burocráticas para la regularización, en especial para ciudadanos de países que no integran el MERCOSUR. De este modo, eventuales infracciones tales como venta callejera o de artículos que son imitaciones no autorizadas de marcas (que en realidad son labores de subsistencia), son los hechos que van a generar situaciones en las que las personas migrantes –por no comprender suficientemente nuestro idioma, no tener cabal conocimiento de sus derechos o por falta de medios para proporcionarse un defensor- pueden ser obligados a regresar a su país ante la amenaza de ir a prisión, lo que además les impedirá ingresar a la Argentina por un plazo de cinco a quince años”. En referencia a las fuerzas policiales, agregaron: “Esto, además, implicaría asignar formas de control migratorio a instituciones que no les corresponde en un marco donde siguen existiendo prácticas discriminatorias de detención de migrantes”.

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“Estas modificaciones han sido sólo muy débilmente cuestionadas y forman parte de una tendencia general en la sociedad: culpar a los extranjeros por el crecimiento de la delincuencia y del narcotráfico en particular (…) Es importante notar que según estadísticas oficiales, los extranjeros detenidos por delitos son exactamente las mismas que una década atrás, lo que prueba que no hay problema alguno que justifique este cambio”, concluyeron.

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