Por Luis Lazzaro. Autor de La batalla de la comunicación para Miradas la Sur

Uno de los errores no forzados de algunos comentaristas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consiste en suponer que la adecuación de la estructura empresaria de Grupo Clarín, prevista para diciembre próximo, en virtud de la aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522, consiste en un proceso de desinversión. El término oculta el sentido antimonopólico de los máximos de propiedad establecidos por la ley, pero también es engañoso porque presume un desarrollo productivo previo allí donde sólo hubo concentración empresaria con alto endeudamiento.
La fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión (2006, más del 55 por ciento de los abonados) cerró un fenomenal proceso de concentración de mercado ocurrido en los ’90 vía la absorción de centenares de empresas de cable independientes al precio de un fuerte endeudamiento local e internacional. Tal proceso arrojó a miles de empleados a la calle –por aplicación del principio de sinergia empresaria en la administración y en la gestión del canal propio obligatorio– y también fue perjudicial para los usuarios, prisioneros de un sistema de prestador único con nombres diversos pero con facturación unificada, sin competencia en los precios y discrecionalidad en la grilla de contenidos.
No fue el mercado quien salvó al grupo de la debacle, pese a los 500 millones de dólares que puso Goldman Sachs a fines de los ’90. La secuencia mediante la cual el Congreso reformó la ley de quiebras para evitar el crawn down reclamado por el Fondo Monetario; los decretos orientados a compensar deudas privadas con el Estado mediante acciones o bonos, la pesificación asimétrica y, finalmente, la denominada ley de industrias culturales, hecha para impedir que los acreedores externos tomaran más del 30% de las acciones de la empresa, constituyeron un conjunto de medidas políticas y económicas orientadas a salvar –entre otros– a Clarín. A salvarlo del naufragio mediante la protección del Estado y la licuación de pasivos.
Con 22 pedidos de quiebra y deudas por 1.000 millones de dólares, el Grupo admitía en febrero de 2002 estar al borde de la bancarrota, mientras procuraba ”protección judicial en un concurso preventivo”. El 60 por ciento de la deuda correspondía a financiamiento externo. La suma del blindaje ante los acreedores, la pesificación (que licuó el equivalente a unos 100 milones de dólares), la colocación de obligaciones negociables, y un acuerdo preventivo extrajudicial, sirvieron para salvar a Multicanal. El operador de cable pudo después sortear la ofensiva de los fondos buitres (W. Duff, Moneta, Eximius), que amenazaron con el copamiento empresario.
En la lógica corporativa, el Estado es un mero instrumento para los negocios. La prédica antiestatal, y a favor de la apertura y desregulación, que posibilitó el acceso a emisoras de radio y televisión con las leyes de privatización del menemismo, fue cambiada luego por una retórica nacionalista, que apelaba a la protección del Estado. Al comienzo fueron leyes y decretos de necesidad y urgencia para favorecer la concentración empresaria con endeudamiento interno y externo, (ciclo 1989-1997). Luego, en el período 2001-2003, las medidas aplaudidas eran impedir la quiebra y captura agresiva de la empresa vía regulaciones proteccionistas. El auxilio incluyó la supresión de venta de pliegos a nuevos competidores en televisión paga durante diez años por parte del viejo Comfer y el privilegio de mantener el cableado aéreo en los postes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta trama, y no la virtuosidad económica, permitió la supervivencia del holding y la acumulación necesaria para ser el motor financiero del grupo de medios.
La empresa que hoy se postula como ”protagonista de la convergencia” alcanzó la hegemonía en el cable y su sinergia con Internet (Fibertel) en 2006, al cabo de tortuosas negociaciones con varios de los protagonistas de los años ’90, como Hicks, Muse, Tate & Furst (HTMF). El costo de este proceso superó los 1.000 millones de dólares y fue el mexicano David Martínez (Fintech Advisory, 40 por ciento), quien logró desalojar a Liberty Global (Malone) de Cablevisión para cubrir la llegada de Clarín al ”mayor operador latinoamericano” de servicios múltiples con la suma de Multicanal.
La fusión nunca tuvo la aprobación definitiva de la autoridad regulatoria en materia de concentración económica (CNDC) ni de su par en materia de radiodifusión, el entonces Comfer. La operación fue luego desestimada por ambos organismos, pero vale destacar que, antes del Dictamen 770/CNDC/SCI de fines de 2009, que ordenó desarmar la fusión, buena parte de las operaciones carecían de valor jurídico por infringir la vieja Ley 22.285, de radiodifusión, al exceder la cantidad de licencias del mismo grupo empresario en la misma localidad, lo cual sucedía en más de 20 ciudades con población superior a los 100.000 habitantes.
Pero hay más.
Clarín y el banco JP Morgan fueron luego denunciados por la colocación fraudulenta de acciones sobrevaluadas a los fondos de jubilación, aún bajo el régimen privado de AFJP, por un monto de 500 millones de dólares. La Unidad de Información Financiera (UIF) constató ”la manipulación de precios de las acciones” dado ”que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, lo cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”. El ex operador financiero de JP Morgan, encargado de la cuenta de Clarín, Hernán Arbizu, denunció el ocultamiento de información vinculada con objeciones a la mega fusión empresaria.
Alejandra Gils Carbó, entonces fiscal de la Cámara Comercial, actual jefa de los fiscales federales, confirmó en ese momento la existencia de ”información falsa y engañosa” sobre el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de Cablevisión. Esta circunstancia fue ocultada a los tomadores de obligaciones negociables. El precio de las acciones se desplomó poco después de su colocación en Londres y Buenos Aires en 2007. Los ahorristas perdieron en pocos días las dos terceras partes de su inversión.
Lo que se examina aquí, entonces, no es sólo la posición dominante en el mercado de un grupo que controla casi 500 empresas proveedoras de servicios múltiples (sobre 24 autorizadas por ley), que además tiene el monopolio exclusivo en buena parte de esas ciudades. Se trata también de cómo fue posible ese proceso. En todo el mundo existen leyes antitrust, pero la cuestión de fondo aquí no es la economía, es el derecho a no ser silenciados o manipulados por los dueños de las plataformas multimedia. Al igual que las regulaciones en Estados Unidos o Europa, la Ley 26.522 no considera la información y el acceso a bienes culturales como una simple transacción comercial. Por eso sigue vigente en EE.UU. la prohibición al periódico local de poseer el canal de televisión en la misma ciudad, y un conjunto de restricciones en la estructura horizontal y vertical de las corporaciones, además de los límites a la concentración del cable en el mismo porcentaje (35%) que en la Argentina.
Lo que hay que rescatar aquí es que la verdadera inversión, la de riesgo y de futuro, es la que hicieron los pioneros de la televisión por cable. El resto fue la concentración económica, en un modelo basado en la subordinación del Estado frente a las corporaciones.

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